E l futuro de la reforma petrolera descansa en una pregunta: ¿Las iniciativas que envió el presidente Felipe Calderón violan o no lo establecido en la Constitución?

Esta pregunta resulta clave porque es el mismo cuestionamiento que hará en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que las reformas no sean aprobadas por unanimidad.

Porque todas las reformas recientes que se han aprobado con el voto en contra de una minoría han terminado en la Corte.

Lo mismo en las reformas fiscal, electoral o la Ley del ISSSTE, la SCJN ha sido requerida para que, como máximo intérprete de la Constitución, diga si lo aprobado por los legisladores es válido o no.

Debido a la importancia del tema la pregunta ya se planteó en dos de los 23 foros de discusión que se abrieron para analizar el cambio de régimen de Petróleos Mexicanos.

En los mencionados foros las opiniones se dividieron. Abogados de reconocido prestigio fijaron posturas totalmente opuestas en torno al tema, de las cuales ahora da cuenta este espacio de análisis.

La discusión en el Senado se concentró en la interpretación que se le debe dar, de manera particular, al artículo 27 de la Constitución, a los conceptos de explotación del petróleo y a los alcances que se se tiene que dar a la figura de contratos que se establece en esta parte de la Carta Magna.

El hecho de que particulares puedan participar en áreas estratégicas del sector petrolero es otro de los temas que también generaron opiniones divididas.

Lo mismo que el alcance que se le puede dar a la ley que regule el sistema petrolero sin que atente o vaya en contra de lo que dice la Constitución.