Detrás de la iniciativa del Ejército Popular Revolucionario (EPR) para crear una instancia de mediación civil que coadyuve a buscar a sus militantes desaparecidos en mayo de 2007 hubo una secreta y tensa negociación política entre el grupo armado y el gobierno federal, que detuvo un nuevo atentado a instalaciones estratégicas del país y evitó una serie de detenciones de personas vinculadas a la guerrilla.

Una reconstrucción de lo sucedido -de acuerdo con fuentes de inteligencia- las horas previas al 24 de abril, fecha en la que el EPR pidió a cinco intelectuales mediar ante las autoridades para buscar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, arroja que los aparatos de seguridad del Estado detectaron a inicios de ese mes que el grupo armado estaba adquiriendo material explosivo para realizar un nuevo atentado, similar a los cometidos contra ductos de Pemex en julio y septiembre de 2007.

La alerta generada por este movimiento hizo que el gobierno enviara por canales extraoficiales, pero de segura recepción, un mensaje a la comandancia general del EPR en el sentido de que si se daba un nuevo ataque, se detendría a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo, actualmente en libertad, y se regresaría a prisiones de alta seguridad a Antonio y Rafael Cerezo, detenidos en el penal de Atlalcholoaya, Morelos, quienes para el gobierno son los cuatro hijos de los dirigentes máximos del grupo armado, Tiburcio Cruz y Elodia Canseco.

Como antecedente, el 11 de marzo anterior, sin explicación jurídica, Antonio había sido trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano al de Morelos, donde ya se encontraba su hermano Rafael, ambos acusados de atentar contra una sucursal bancaria en 2001, a nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).

El movimiento habría sido un mensaje de distensión al EPR de parte del gobierno federal, que ha insistido que ninguna autoridad federal intervino en la detención y desaparición de los militantes eperristas en mayo de 2007, lo que deja en autoridades oaxaqueñas la responsabilidad del caso.

La señal, sin embargo, habría sido ignorada por el grupo armado. El 22 de abril, además del movimiento de explosivos detectado, el EPR emitió un comunicado con la amenaza de acciones armadas, al no aparecer Reyes y Cruz.

Fue cuando vino el intercambio de mensajes, que se acompañó, el jueves 24 de abril a mediodía, con un extraño correo electrónico, en el que un presunto grupo armado aseguraba tener a los desaparecidos y estrechaba todo a una sola disyuntiva: optar por la vía política o por la armada.

De forma inusual, a las 11 de la noche de ese viernes el EPR emitió un comunicado en el que propuso los nombres de Samuel Ruiz, Rosario Ibarra, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y Carlos Montemayor, como intermediarios ante el gobierno para dar con el paradero de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz. Se impuso la política.

Al ser aceptada la iniciativa por los intelectuales, el EPR declaró una tregua unilateral durante el tiempo que dure esta comisión, lo que anuló, por lo pronto, la posibilidad de un nuevo atentado y se conjuró la detención de personas ligadas al grupo armado.