A 20 meses del conflicto minero, el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al gobierno mexicano que resuelva este caso por el bien de la clase trabajadora.

En un informe que este comité realiza del conflicto minero mexicano, analiza las diversas denuncias contra actos ilegales del gobierno de México, que desde marzo de 2006 fueron formuladas a la OIT por el Sindicato Nacional de Mineros y por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM).

En el documento, entre otras afirmaciones, destacan nueve recomendaciones dirigidas al gobierno de México sobre los actos denunciados por las dos organizaciones de trabajadores, y que ayer el Sindicato Nacional de Mineros dio a conocer a través de un comunicado.

La muerte de sindicalistas, actos de violencia, destitución del comité ejecutivo del sindicato querellante, establecimiento por la empresa y las autoridades de un sindicato paralelo, congelación de cuentas del sindicato y de sindicalistas, violaciones al derecho de huelga con intervención de las fuerzas del orden, detención de sindicalistas, son, entre otros, los planteamientos que este comité subraya como interrogantes que aún no responde el gobierno mexicano.

Es así como el Comité de Libertad Sindical instó al Consejo de Administración de la OIT a que apruebe sus recomendaciones, la primera de las cuales consiste en que lamenta la ilegal toma de nota o registro administrativo inmediato del 17 de febrero de 2006 al comité “provisional” encabezado por Elías Morales (con la supuesta destitución del comité ejecutivo presidido por Napoleón Gómez Urrutia).

Otra recomendación del CLS formula que “el Comité pide al gobierno que indique si los sindicalistas capturados el 11 de agosto de 2007 (en Nacozari, Sonora) fueron puestos en libertad” .

También, el Comité pide al gobierno que envíe informaciones más detalladas sobre la alegada expulsión violenta de huelguistas que estaban en las entradas de la mina Cananea y de manera general sobre la intervención de la fuerza pública en el conflicto colectivo en cuestión.