La renovación del Instituto Nacional de Migración (INM), tanto en infraestructura como su normatividad interna para las 48 estaciones migratorias, se encuentran detenidas o con mínimos avances, a pesar de ser promesas que se hicieron desde febrero de 2007.

El viernes, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, prometió una “serie de medidas firmes al interior del INM”, tras el escándalo por la “liberación” de 34 cubanos y cuatro centroamericanos de manos del propio instituto por parte de un grupo armado.

Sin embargo, un compromiso similar hizo la gestión de su antecesor, Francisco Ramírez Acuña, el 27 de febrero de 2007, después de la controversia pública suscitada por un violento operativo en Arriaga, Chiapas, por lo que la Segob anunció entonces una reestructuración y hasta la creación de tres estaciones más con una inversión de 36 millones de pesos.

En San Luis Potosí y Saltillo hace un mes se colocó la primera piedra, pero en Querétaro y Villahermosa, están parados.

Además, para este 2008 se preveía contratar a 354 nuevos agentes migratorios, para contar con un total de 854 funcionarios especializados, con una inversión de 64.9 millones de pesos, sin que la dependencia haya informado si se cumplió el compromiso.

Desde entonces admitieron el desastre: por ejemplo, sólo 11 de las 48 estaciones contaban con médicos y tres con consultorio equipado, mientras que sólo 24 estaciones eran propiedad de Gobernación, 17 operaban en inmuebles arrendados y siete en comodato.