Por mayoría, con los votos del PAN y PRI, en el Senado se echaron abajo las nuevas causales de nulidad que había propuesto la Cámara de Diputados para la elección presidencial.

No aceptaron, por estar mal redactadas y hacerse de manera apresurada, las causales de rebase de topes de gastos de campaña y uso de recursos públicos, que se incorporarían a la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los senadores del PRI no intervinieron en el debate en el salón plenario. En cambio el PAN, representado por el senador Alejandro González Alcocer, negó en todo momento estar en contra de esas causales.

“Si no se aprobaron fue porque están mal redactadas”, dijo el panista en la tribuna.

El dictamen de las comisiones unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, que dejó fuera esas causales, se aprobó con 69 votos a favor, 25 en contra y tres abstenciones.

Los demás cambios que habían hecho los diputados se respetaron.

Se regresa la minuta a la colegisladora para la revisión correspondiente y de aceptar lo hecho por el Senado, se enviaría al Ejecutivo para su promulgación.

El senador perredista Pablo Gómez Álvarez lamentó la posición asumida por los panistas, por no aceptar las causales de nulidad que habían agregado los diputados a la elección presidencial.

Según el perredista, no era cierto que estuviera mal redactada la minuta.

“¿Qué sentido tiene ponerle topes a los gastos de campaña si el que los viola con eso gana la elección?”, preguntó el senador.

Alejandro González Alcocer ofreció que el tema podría abordarse en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.

El Senado, en doble sesión, también dio luz verde a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las actividades del tribunal, y a los cambios en el Código Fiscal de la Federación y Ley de instituciones de Crédito que quitan secretos bancarios cuando se trate de investigaciones en materia electoral.

Además, aprobó, sin cambio alguno, la minuta de los diputados para que el presidente de la República no se vea obligado a solicitar permiso al legislativo cuando el viaje al extranjero no sea superior a los siete días.