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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal inició una investigación interna para verificar el proceso de contratación de un funcionario en 2006, a pesar de que éste había sido señalado por un testigo protegido de tener nexos con el narcotráfico, revelaron autoridades de la dependencia.
Juan Guadalupe Aguilar García, quien fue delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango, presuntamente tenía vínculos con el narcotraficante Sergio Villarreal, El Grande, lugarteniente de los hermanos Beltrán Leyva, el mismo sujeto que hospedó en su rancho a las actrices Salma Hayek y Penélope Cruz en 2004.
No obstante, después de salir de la PGR Aguilar García se incorporó a la nómina de la SSP federal, donde hasta ahora fungía como director de Asuntos Penales del área jurídica, sin haber aprobado los exámenes de control de confianza para ser contratado en octubre de 2006, pues fue declarado “no apto” para el servicio público federal.
Después de que EL UNIVERSAL dio a conocer esta información, Genaro García Luna, titular de la SSP federal, se deslindó de toda responsabilidad en torno a la contratación de Aguilar García, al señalar que “ya estaba en la Secretaría cuando llegamos”.
El director de Asuntos Penales ingresó a la dependencia durante los últimos días de la gestión de Eduardo Medina Mora al frente de esa Secretaría, donde Aguilar García fue aceptado mediante una carta responsiva o aval de la Coordinación General Jurídica.
García Luna detalló que a partir de las publicaciones de este diario en las que se hizo mención de su funcionario, se verificaron las condiciones bajo las que ingresó a la SSP, y confirmó que “se verificó que tenía una carta responsiva para estar en la institución”; es decir que a pesar de no ser apto para el cargo, fue avalado por su superior para ser contratado.
Señaló que Aguilar García “ya fue destituido”, pero después aclaró que él mismo renunció mediante oficio fechado el 30 de junio de este año.
Autoridades de la dependencia indicaron que a pesar de la salida de este servidor público, se continuará con las pesquisas internas para determinar si existieron irregularidades en su contratación, pues fue hasta ahora que se revisó el expediente cuando se detectó que no había aprobado los exámenes de control y confianza que marca la ley.
Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio dejaron en claro que la existencia de una carta responsiva para aceptar a un servidor público no es ilegal, y está previsto en la normatividad de la SSP federal.
