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Especialistas en seguridad pública consideran que la estrategia de combate al crimen organizado del gobierno federal debe revisarse, para conducirla a una política de Estado que incluya medidas para atender las causas generadoras del problema.
Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), sostuvo que se requiere “un andamiaje más amplio, que integre las diferentes intervenciones del Estado en torno a un objetivo común”, para impactar el tejido social que está constituyendo oportunidades para la delincuencia organizada.
El crimen organizado, con un poder como el que se está evidenciando en México, no se explica sin un cobijo social, económico, político e institucional.
En este escenario, las declaraciones del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, acerca de que “aunque no lo parezca” se va ganando la guerra al narcotráfico, “no ayudan a dimensionar la complejidad del problema, sino que lo reducen a un asunto asociado a cuál de los bandos tiene más capacidad de fuego”, consideró.
Creer que el castigo y la persecución van a resolver el problema es dejar fuera todo lo demás, dijo, y aclaró que si bien la estrategia de contención de la violencia y el sistema de procuración de justicia deben funcionar, se requiere además una política de Estado con un sistema penal que cierre las puertas al crimen organizado.
Esa política debe, por ejemplo, generar alternativas de desarrollo entre los sectores más pobres e indefensos a las presiones del narcotráfico; establecer un sistema de control para los temas de lavado de dinero y llevar a los medios de comunicación a un acuerdo sobre nuevas formas de cobertura para evitar la difusión indiscriminada de la violencia asociada al crimen organizado, destacó el especialista.
