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A tres meses de la integración del nuevo Consejo General del IFE se ha puesto sobre la mesa de consejeros una propuesta a fin de cubrir, hasta 2010, los sueldos de cada consejero electoral —más de 150 mil pesos mensuales— que deje su cargo por mandato de la reforma electoral.
La propuesta se dio después de que se planteara ajustar el salario de los nueve consejeros, como marca la Constitución, al mismo nivel que el de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esto detonó, sin embargo, un debate interno en torno a sus percepciones salariales, que provocó una profunda división entre los nueve consejeros del instituto.
Las diferencias internas se han fortalecido por las posiciones políticas que ha defendido cada consejero en la mesa interna y han provocado que se prolongue —al menos hasta agosto— la ausencia de titulares de cinco áreas estratégicas con las que opera el IFE la organización de la elección 2009.
Así pues, el 19 de febrero, durante una de las primeras reuniones privadas del nuevo Consejo General del IFE, ya con su actual presidente Leonardo Valdés y los consejeros Marco Baños y Benito Nacif, se planteó que se pagara el sueldo de cada consejero que se fuera por la reforma electoral.
Asistentes a las reuniones privadas del llamado G9, donde participan exclusivamente consejeros electorales, detallaron a este diario la propuesta llevada a la mesa por uno de los consejeros que se mantendrá hasta el final del mandato para el que fue electo en 2003:
El planteamiento es que los consejeros que salieron el 15 de febrero (Alejandra Latapí y Rodrigo Morales) y a los que saldrán el 15 de agosto (Andrés Albo, Lourdes López y Teresa González) se les paguen sus ingresos hasta octubre de 2010.
Además de que los que saldrían en 2010, con el fin de su mandato (Virgilio Andrade, Marco Gómez y Arturo Sánchez) se les cubrieran sus ingresos íntegros de consejeros del IFE dos años más, pues están impedidos para trabajar con empresas relacionadas con su labor.
Este planteamiento —puesto sobre la mesa en más de dos ocasiones— ha sido rechazado de entrada por el consejero presidente Leonardo Valdés y no cuenta con el respaldo de otros consejeros como Marco Baños y Andrés Albo; del resto no se ha fijado posición interna.
Nuevo planteamiento
El pasado 28 de febrero EL UNIVERSAL informó que se había planteado en la misma mesa de consejeros que se ajustara el sueldo de los nueve integrantes, con el propósito de que sus ingresos se igualen —según lo marca la ley— a los de los ministros de la Corte que perciben 175 mil 660 pesos mensuales.
En las siguientes reuniones se propuso que además del sueldo base se eche mano de los bonos y demás prestaciones que perciben los jueces que integran el Tribunal Superior. Pero hasta ayer no se había presentado un planteamiento formal por escrito a fin de solicitar los recursos.
La división entre consejeros, reflejada en el rechazo a los nombramientos propuestos por el presidente Leonardo Valdés en la secretaría ejecutiva y en la Coordinación Nacional de Comunicación Social —que incluso fueron retiradas en sesión pública— ha provocado una intensa negociación.
Además de los requisitos legales, los consejeros en conjunto le han solicitado a Valdés Zurita otros 14 requisitos, entre los que destaca que no tenga compromisos con la estructura interna de ningún partido. Así, el primer nombramiento será el del secretario ejecutivo.
