luz.gonzalez@eluniversal.com.mx
Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), afirma que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal lo vigila e investiga, y no duda que pretenda vincularlo con el asesinato contra Édgar Millán Gómez, coordinador de los operativos antinarco en el país, con quien tuvo diferencias por cuestiones profesionales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el alto mando de la PFP niega de manera categórica tener relación alguna con el asesinato del Millán y explica que es acosado debido a que, en su carácter se servidor público, entregó al presidente Felipe Calderón una carta, el 15 de febrero pasado, informándole de lo que considera un manejo inadecuado en la Policía Federal, que incluye desde irregularidades administrativas hasta fallas en los operativos contra la delincuencia organizada.
“He sido materialmente perseguido, vigilado y me concluyeron con mi encargo el 19 de febrero, desde que envié la carta al señor Presidente; independientemente de ello, me suspenden el sueldo y he detectado que me siguen a mis actividades personales y familiares. Mis comunicaciones están intervenidas”, relata Herrera Valles, quien lleva 30 años en la corporación.
Este diario publicó el martes pasado que por el asesinato contra Millán Gómez hay una línea de investigación contra un alto mando de la corporación, que tuvo fuertes diferencias con la víctima en la operación de la nueva estructura de la Policía Federal.
Fuentes de esa dependencia confirmaron, extraoficialmente, que Herrera Valles está bajo investigación, pues tuvo serias diferencias con el funcionario ejecutado.
El acoso en su contra, asegura Herrera Valles, alcanzó ya a dos integrantes de su familia que también pertenecen a la PFP: su hermano José Ángel y uno de sus hijos, Javier, recién egresado de la Academia de Seguridad Pública.
Al primero le concluyeron el cargo como segundo subcomandante de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Izúcar de Matamoros, Puebla, y le ordenaron presentarse, con su arma de cargo, en la sede de la oficina regional de la AFI en esa entidad, sin que hasta el momento se le haya asignado comisión alguna.
Sobre sus diferencias con Millán Gómez, quien lo sustituyó en la Coordinación de Seguridad Regional, asegura que fueron en el plano estrictamente profesional, por la forma en que el titular de la SSP conduce a la Policía Federal en particular, y al área de seguridad regional (lo que antes era la Policía Federal de Caminos).
“Con Millán realmente no hubo altercados, hubo diferencias por la manera en que se estaban llevando las cosas, pero la dirección la tiene el ingeniero Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública federal). Las diferencias fueron en el terreno profesional, no personal; yo no tuve nada que ver y nunca le haría daño a ninguno de mis compañeros, aunque no dudo que traten de involucrarme”, asegura.
También desmiente que José Antonio Martín Montes Garfias, el agente acusado de planear el asesinato de Millán por orden de la organización de los Beltrán Leyva, sea alguien cercano a él, pues estaba adscrito a Seguridad Regional, concretamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El funcionario, quien hasta hoy continúa en la PFP, aunque sin cargo alguno y a disposición de la Jefatura del Estado Mayor, explica que ha promovido un amparo contra la conclusión de su encargo y rechaza las acusaciones de que Seguridad Regional o División Caminos, como la nombran García Luna y sus allegados para marcar la diferencia, se resista a los cambios planteados por el secretario por defender cotos de poder.
“No es por cotos de poder, es porque están haciendo mal las cosas. Los cambios son buenos, pero hacen operativos mediáticos, no hay planeación ni labor de inteligencia, hay enfrentamientos inútiles (con delincuentes), donde nos matan a la gente y no se investiga.”
Asegura que se descuida el combate a la delincuencia en carreteras y otras zonas vitales, y pese a que no es su función sustantiva, la división ha dado resultados: de 2000 a 2006, detuvieron a 32 mil 142 delincuentes; 406 toneladas de mariguana; 4.3 de cocaína; mil 925 armas cortas y largas; 16 mil 588 vehículos recperados y más de 60 mil indocumentados detenidos.
