Encubrir errores de los sexenios neoliberales de Ernesto Zedillo y Vicente Fox desencadenó el incumplimiento de la ley en la investigación de abusos y delitos en el Fobaproa, el ataque a la delincuencia común y organizada, mientras que el sistema de Justicia fue dominado por procuradores, jueces, magistrados ineptos para la defensa del estado de derecho.
Autoridades y delincuentes están a la par en impunidad, en México, destaca el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en su revisión del estado de derecho, entre 1995 y 2006, el periodo, dice, neoliberal. El tema forma el capítulo 5 del libro La Década Perdida y lo dedica “a la memoria de mi hermano Enrique”, a quien recuerda como una víctima del sistema de justicia viciado, que operó a la discreción de los fiscales y procuradores en turno.
Sobresalen dos asuntos de impunidad en el estudio del ex presidente: que México es el único país con rescate bancario sin castigo a los culpables, y la permisibilidad para que Andrés Manuel López Obrador actuara sobre la ley, cuando era dirigente en Tabasco y candidato a la jefatura del Gobierno del DF.
Advierte “descomposición de la procuración de justicia”, y dice que se trata de uno de los resortes del disparo de la inseguridad y de la proliferación del crimen organizado. Los periodos sexenales de Zedillo y Fox fueron de procuradores con agendas políticas, manifiesta, y los acusa de haber promovido a los fiscales más corruptos y oportunistas.
La impunidad, concluye, más que la pobreza o la falta de empleos, fue el factor que elevó la delincuencia en los gobiernos que analiza. La probabilidad de ser condenado por un delito es de 1%, la más baja del mundo. Los problemas del sector Justicia radican en la ineptitud de los procuradores, explica Salinas, los ministerios públicos y los jueces, como resultado de que “a lo largo de la década neoliberal hubo un atropello constante del Estado de derecho”.
La impunidad la ejemplifica con la intervención del gobierno federal para rescatar de la justicia a López Obrador, en dos ocasiones. En febrero de 1996, relata, jueces federales fincaron cargos de despojo, sabotaje, conspiración y daño en propiedad ajena a 54 personas, por bloquear el campo petrolero Sen, en Tabasco. Finalmente, el gobierno central obligó a los impartidores de justicia a desistirse de los cargos. Y López Obrador salió en libertad. En 2000, el candidato del PRD al gobierno del DF no cumplía el requisito de residencia. Pese a ello, “el gobierno federal facilitó el registro ilegal de su candidatura. De allí la conclusión de Carlos Salinas de que hay “una singular alianza” entre López Obrador y Zedillo, por encima de la ley.
