alejandro.jimenez@eluniversal.com.mxEl ajedrez continúa. La respuesta que dio ayer al EPR el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se ubica dentro de una lógica de Estado, que no descarta el diálogo con nadie, pero que incorpora una serie de condiciones que parecen incompatibles con la demanda original de los guerrilleros.
El grupo armado planteó el jueves pasado un diálogo al gobierno federal, mediante una comisión intermediaria de reconocidos intelectuales, cuyo único punto a atender sea coadyuvar, negociar o presionar a las autoridades para encontrar a sus militantes desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, durante un tiempo perentorio en el que no habría acciones armadas de parte de los eperristas, pero tampoco de parte del gobierno federal.
La respuesta de ayer es en el sentido de que el gobierno federal acepta un diálogo, pero directo con el EPR, con un cese definitivo de acciones armadas, en el que los intermediarios propuestos sean testigos sociales y no protagonistas, y donde no nada más se analice la presentación de los desaparecidos —a los que descarta tener en su poder—, sino que se estudie la solución pacífica de cualquier conflicto, por la vía institucional.
Vistos así, son dos planteamientos distintos, pero no necesariamente excluyentes.
Estaríamos entonces presenciando la primera etapa de una negociación donde ambas partes piden más de lo que saben pueden obtener a cambio de ir ganando posiciones. El primero que se desespere o que muestre intolerancia daría oportunidad al contrario de legitimar sus acciones.
Desde que el EPR aventuró una propuesta de acercamiento con un gobierno al que no ha dejado de calificar de espurio e ilegítimo ya se percibía que la distancia entre ambos podría ser menor de la expresada en los comunicados.
Acaso información de su propia red de inteligencia habría advertido al grupo armado de la urgencia de dejar a un lado cualquier acción de fuego y andar mejor por el camino del diálogo, al aproximarse el primer aniversario de la desaparición de Cruz y Reyes.
El tema de los desaparecidos, bien atendido, puede ser la puerta a otra cosa en la relación del gobierno federal con la guerrilla y su encauzamiento por otras vías.
No se puede calificar de ilegítima la pretensión del EPR de que se erradique cualquier resquicio de desaparición forzada en el país. Pero tampoco se puede justificar la violencia contra instalaciones estratégicas del país, así se haga en nombre de los más altos ideales revolucionarios.
Más aún, hay que agregar un elemento a esta ecuación: el de la sociedad civil, que tradicionalmente rechaza la violencia de Estado, pero también la guerrillera, y que en 1994 empujó al EZLN y al gobierno federal a cesar el fuego. Falta saber qué opinará en 2008.
