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El Instituto Federal Electoral (IFE) destinará más de 85.5 millones de pesos a la recién creada Unidad de Fiscalización, con el fin de vigilar gastos, actividades y movimiento de dinero de cada fuerza política nacional.
Con dinero y 183 empleados —autorizados por el Consejo General del IFE—, este órgano tendrá carácter de autónomo y el poder de realizar visitas sorpresa a los partidos para verificar que sus gastos sean verídicos y será invulnerable a los secretos bancario, fiduciario o fiscal.
Sin embargo, pese a contar con "dientes" para llevar al límite la revisión del funcionamiento y operación financiera de los partidos, la Unidad de Fiscalización arrancó su trabajo en febrero pasado bajo la división del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de críticas y de la renuncia de su titular.
Del presupuesto solicitado por el órgano electoral —en la ampliación de recursos—, del total de recursos, 43.4 millones de pesos irán al pago de sueldos y prestaciones, 5.6 millones de pesos a materiales y suministros, 23.3 millones de pesos a “servicios generales” y 13.1 millones a la adquisición de muebles e inmuebles.
El dinero se repartirá de la siguiente forma: 30.8 millones de pesos en la dirección general, 26.4 millones de pesos en la dirección de Auditoría de Partidos Políticos y 12.3 millones de pesos en la dirección de Resoluciones, Normatividad y Consultas.
Además, 11.6 millones de pesos en la dirección de Auditoría de Agrupaciones Políticas Nacionales, y 4.4 millones de pesos en la Dirección de Quejas y Procedimientos Oficiosos.
El espíritu de este órgano autónomo es evitar que las fuerzas políticas nacionales incurran en operaciones irregulares —como los casos Amigos de Fox, Pemexgate y los 281 mil spots no reportados de la campaña presidencial 2006— en detrimento de la equidad en la competencia política.
De acuerdo con el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), este órgano técnico autónomo puede realizar visitas sorpresa a partidos y podrá obligar a autoridades hacendarias y bancarias a entregarle información sin restricciones.
También estará facultado para requerir a personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos, la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas.
Pero la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral arrancó sus trabajos con críticas. Al entrar en operaciones realizó la revisión de los spots transmitidos y no reportados por Nueva Alianza y el Partido de la Revolución Democrática, y al final redujo la cifra de mensajes de radio y televisión no conciliados en más de 50%.
Bajo la dirección de Francisco Guerrero Piña —quien renunció tras la dictaminación de ambos expedientes— impuso multas a dichas fuerzas políticas que fueron rechazadas por al menos tres consejeros por ser bajas y declinó iniciar procesos oficiosos para abundar la investigación.
El consejero Andrés Albo propuso, durante la sesión extraordinaria del 15 de febrero, que se iniciaran procesos oficiosos para investigar a fondo el origen de los spots no conciliados de ambos partidos, y la consejera electoral Teresa González solicitó incrementar la multa. Las propuestas fueron rechazadas.
“Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida —advierte el Cofipe al referirse a la Unidad de Fiscalización—, o no la proporcionen, sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas".
En los próximos días, la Unidad de Fiscalización presentará ante el Consejo General del IFE su proyecto de reglamento, con el fin de regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos, las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten.
De esta forma, los consejeros electorales dejarán de ser los responsables directos de realizar la fiscalización de los partidos y de las Agrupaciones Políticas Nacionales para que sea el órgano técnico-autónomo del IFE quien revise su comportamiento financiero.
El nuevo Cofipe establece que la Unidad de Fiscalización de Recursos de los Partidos Políticos tendrá a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto a sus dineros.
Cuando los órganos estatales de fiscalización de los estados requieran superar la limitación por el secreto bancario, fiduciario o fiscal solicitarán la intervención de la Unidad a fin de que ésta actúe ante las autoridades en la materia, para todos los efectos legales.
Además, emitirá las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los partidos políticos; vigilará que los recursos de los institutos políticos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades establecidas por la ley.
