GUADALAJARA, Jal.— El cardenal Juan Sandoval Íñiguez minimizó las casi 5 mil quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) contra el donativo de 90 millones de pesos entregado a la Iglesia católica por el gobernador Emilio González Márquez para construir en Guadalajara un santuario a los mártires de la Guerra Cristera.“Mire, cuando vayan unas3 millones (de quejas) empiecen a preocuparse, pues somos 6 millones de católicos (en Jalisco); ya cuando vayan 3 millones nos preocuparemos”, comentó.
A su vez, el presidente del PAN, Germán Martínez, sostuvo que dichos donativos no son ilegales si están dentro de las metas del presupuesto del estado.
“Todo gobierno democrático, incluido el de Jalisco, está sujeto a la rendición de cuentas y las administraciones de dinero deben estar contempladas en el presupuesto de gasto del gobierno del estado. Si están contempladas en el presupuesto de gasto, está bien ejercido; si no, tienen competencia para hacer rendir cuentas los diputados del estado de Jalisco.
“Si están contempladas en los gastos y no violentan ninguna ley, son gastos legales. Recuerdo que el anterior jefe del gobierno del Distrito Federal, entregó unos terrenos a la Basílica de Guadalupe”, dijo Martínez.
El 24 de marzo pasado, el mandatario panista de Jalisco anunció que el gobierno del estado aportaría, del erario público, 90 millones de pesos para construir el templo católico. El primer cheque por 30 millones de pesos de la megalimosna fue entregado por el gobernador a la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos, AC el 13 de marzo, 11 días antes que González Márquez lo hiciera público.
El gobernador dijo que ese dinero saldrá “de las economías del gasto corriente” del estado, lo que generó una ola de protestas encabezadas por el PRD, que pidió que se audite la administración estatal, y por el Congreso Ciudadano de Jalisco, integrado por varias organizaciones que acusaron al mandatario de impulsar su imagen para buscar la candidatura a la Presidencia de la República.
También obligó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), cuyo presidente, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió medidas cautelares mientras la comisión determina la legalidad del donativo y pidió detener la entrega del dinero, luego de recibir poco más de 5 mil quejas contra el gobernador.
“Yo no he recibido un solo centavo, a mi no me han dado nada. El dinero lo maneja una asociación civil, así que el cardenal no ha recibido nada; se lo dieron a una fundación, vaya con ellos y dígales que lo regresen, a mi no me dieron nada”, reiteró Sandoval Íñiguez.
El santuario de los mártires está proyectado sobre una superficie de 16 hectáreas en el Cerro del Tesoro, municipio de Tlaquepaque. El proyecto de la construcción incluirá un atrio y una plaza, que en conjunto podrán albergar a 50 mil personas.
También contará con un hospital, una escuela de enfermería, un museo, cuatro sótanos de estacionamiento, un auditorio y cinco salones de conferencias.