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De manera sorpresiva, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha decidido explorar, hasta extremos poco vistos, su tantas veces mencionado compromiso con las distintas formas de lucha, que van más allá de la vía armada.
Su planteamiento para que cuatro reconocidos miembros de la sociedad civil intervengan como mediadores en un diálogo, para coadyuvar en la búsqueda de sus militantes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, no supone una negociación con el gobierno federal ni un reconocimiento de su legitimidad, pero es importante, en tanto, que es una acción política y no armada. La sensatez y cálculo político obligan a concluir que no habría por qué desechar esta propuesta a priori. Los intelectuales postulados han aceptado en principio la encomienda.
El investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), Jorge Lofredo, asegura que él es moderadamente optimista, porque viniendo de un grupo que no cree en la democracia puede suponer un piso mínimo de entendimiento y una virtual tregua, por temporal que sea. El gobierno federal ha declarado en ocasiones anteriores que no está dispuesto a entablar ningún diálogo con los eperristas que han atentado contra instalaciones estratégicas del país.
Sin embargo, la coyuntura actual supone un cambio de condiciones, acaso muy de matiz. No se han dado nuevos ataques y el gobierno federal tiene tantos frentes abiertos en lo político y lo militar (el narcotráfico, por ejemplo) que podría evaluar si este proceso le ayudaría a desactivar el que le representa el EPR.
Lofredo cree que el efecto que pudiera tener esta iniciativa es similar al de una onda expansiva, porque en lugar de poner una bomba, que asusta a la población y encona al gobierno, al actuar de manera política el EPR obliga al gobierno federal a definirse, porque pone el balón en su cancha, y también a la sociedad a tomar partido en el tema de la desaparición forzada de personas, que es un crimen de lesa humanidad.
Aceptado o no, el proceso no sería terso ni estaría exento de saboteadores.
De una semana para acá, han surgido de la ultraderecha dos referencias explícitas a que el gobierno federal estaría negociando con el EPR una tregua militar. La primera fue la entrevista de José Antonio Sánchez Ortega a un periódico capitalino, y la segunda, un correo electrónico distribuido el jueves pasado, firmado por un “tiburcio loxicha”, donde con amenazas implícitas y lenguaje amenazador los presuntos captores de Cruz Sánchez estarían interrogando al preso y detallando que Francisco Cerezo y Edgardo Canseco serían las claves de esta supuesta negociación. Habrá fuerzas que están pidiendo a gritos mano dura, guerra sin cuartel a los guerrilleros y más crímenes de lesa humanidad; el gobierno no debería escucharlos.
