andrea.merlos@eluniversal.com.mx ricardo.gomez@eluniversal.com.mx
Terminado el año de vida de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), creada para concebir la reforma del Estado, y tras gastar más de 80 millones de pesos del erario, los diputados y senadores sólo lograron la unanimidad en seis propuestas de reformas legales, de las 19 que presentarán en formato de iniciativa en este periodo de sesiones.
El pasado 13 de abril desapareció oficialmente la CENCA, creada con el compromiso de todos los partidos políticos para sacar adelante la reforma electoral, la judicial y la del Estado.
De esos tres grandes objetivos, la electoral se logró a medias, pues siguen pendientes las reformas secundarias; la segunda no se logró con las pretensiones del gobierno federal de legalizar el cateo y el allanamiento de morada en caso de que esté en peligro una vida, y la tercera, la del Estado, apenas si alcanzó algunas propuestas para acotar el fuero y permitir que el Presidente de la República no tenga que asistir al Congreso de la Unión.
Así, de las más 100 iniciativas que existían hace tres semanas —según los documentos del 28 de marzo en poder de EL UNIVERSAL—, sólo quedaron 19 proyectos de iniciativas que tienen el consenso para ser aprobadas en el Congreso, las cuales consideran reformas a 92 artículos constitucionales.
Los objetivos en materia política están orientados a que los funcionarios comparezcan bajo protesta de decir la verdad ante el Congreso, y la creación del amparo colectivo, que permitirá que en casos como el ISSSTE cientos o miles de inconformes protesten en un solo trámite.
Se prevé que el informe presidencial sea por escrito, con la presencia o no del Presidente.
Hasta hace dos semanas había acuerdo en que el mandatario enviara el 1 de septiembre su informe, y en marzo o abril del siguiente año se presentara ante los legisladores.
Hubo acuerdo en la autonomía municipal y su integración al régimen federal, además de que se prevé entregarle a este régimen de gobierno la facultad de negociar y firmar tratados internacionales, y permitir el asociacionismo intergubernamental.
En el capítulo de garantías sociales se incorporó en las obligaciones del gobierno federal velar por la educación media superior, aunque el PRD pretendía que se garantizara la misma, lo que hubiera atraído un compromiso presupuestal.
Entre las iniciativas está la laicidad del Estado, y el pleno respeto a los derechos humanos, la identidad, vida libre de violencia, diversidad y respeto a los pueblos indígenas.
