francisco.resendiz@eluniversal.com.mxXavier Domínguez estima que la legislación electoral mexicana es de vanguardia; sin embargo, alerta que si los partidos mantienen su decisión de destruir al oponente, y el IFE y el Trife no superan su descrédito social, el país corre el riesgo de estancarse y no consolidar los cambios estratégicos nacionales.
Al realizar un análisis del escenario nacional, el consultor internacional en comunicación política y mercadotecnia electoral subraya que los escándalos vividos en el Tribunal Electoral, por conflictos de interés, y en el IFE, por el manejo de recursos, “tendrá un impacto demoledor”.
De seguir así —subraya el coordinador del Seminario Internacional de Estrategias Políticas y Electorales que inicia hoy en el ITAM con especialistas de México, España y Estados Unidos— los organismos garantes de la democracia se deslegitimarán y eventualmente bajará la votación.
Entrevistado por EL UNIVERSAL Domínguez, maestro en Marketing Político y Estrategias de Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, destaca que el esfuerzo legislativo hecho por PRI, PAN y PRD para aprobar la reforma electoral coloca a México “como uno de los países que ha dado el paso más grande en los últimos tiempos en modernización”.
Hace notar que hay países europeos que operan sus procesos electorales con leyes que datan de los 70 y 80. Dice que México tiene un proceso novedoso al regular la comunicación electrónica de los partidos, pero que se deberá mejorar conforme lo exija el avance democrático del país.
Politización
Destaca que en la mayoría de los países con entramados electorales sus autoridades en la materia (administrativas y judiciales), que teóricamente deberían ser independientes, son designadas como parte de cuotas partidistas.
“Es muy grave, no es un problema exclusivo de México, es un mal endémico internacional... Las reformas electorales no son punto final, en la medida en que avanza la democracia se deben mejorar las leyes”, puntualizó.
Sobre el escándalo que vivió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —donde la ex coordinadora del magistrado Flavio Galván incurrió en conflicto de interés— dice que el resultado sobre su imagen “es demoledor” y que la institución pierde utilidad.
Sobre el IFE destaca que hubo un intenso discurso institucional en el sentido de que se buscaba reducir los costos de la democracia, pero que al final se sabe que los consejeros electorales se suben su salario 20% se provoca un desaliento social.