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A unos días de que la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) concluya legalmente (13 de abril), diputados y senadores tienen una primera lista de temas de consenso entre los que están el cambio al formato presidencial, la iniciativa ciudadana y la anulación automática del fuero en caso de delito.
Según el documento CENCA, temas de posible consenso, presentado ante legisladores el 26 de marzo pasado, se tienen avances para legislar en la modernización de la relación entre poderes de la Unión.
Incluso, los legisladores acordaron presentar el próximo 10 de abril todas las iniciativas —que podrían ser más de 100— que resultaran de los acuerdos alcanzados en la CENCA, antes de debatir la pertinencia o no de extender este órgano que ha causado controversia por su administración interna, y el gasto de más de 80 millones de pesos.
En los primeros acuerdos está la reforma al formato del informe presidencial, con la que se pretende que cada 1 de septiembre el Presidente de la República presente un informe por escrito.
“Cada una de las cámaras podrá realizar una glosa correspondiente y, en ejercicio de sus facultades, podrá citar a comparecer bajo criterio de decir la verdad a los servidores públicos que considere necesario”.
Los legisladores impulsan que después de presentado el informe presidencial por escrito y de una primera revisión, se pueda llamar al Presidente a comparecer ante el Congreso de la Unión en los primeros 15 días de marzo del siguiente año, es decir, se construiría una agenda de trabajo y de temas a debatir durante un periodo de cinco meses.
Actualmente, el informe presidencial se empalma con la presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos en los primeros días de septiembre, lo que provoca que la glosa del informe quede en un debate en tribuna entre legisladores y secretarios de Estado de horas y horas, en los que ningún partido suele quedar conforme.
En el sexenio de Vicente Fox, diputados federales del PRI y el PRD dejaron sola en la tribuna de San Lázaro a la entonces secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, por considerar que fue grosera e irrespetuosa ante los cuestionamientos sobre la glosa del año presidencial.
Otro cambio, es el del artículo 88 constitucional, por el que se le otorgaría facultades al Presidente de la República para salir del país hasta por siete días sin permiso previo del Congreso, con la única obligación de informar sobre los resultados de su viaje.
Esta reforma también responde a situaciones que salieron de control en la confrontación entre partidos, cuando a Vicente Fox le negaron en la Cámara de Diputados una salida para cumplir con una gira presidencial a Australia y Vietnam.
En lo que respecta a la normatividad del Congreso de la Unión, los legisladores quieren “autofacultarse” a conocer la elaboración de los planes nacionales de desarrollo de cada sexenio, con el pretexto de imponer mecanismos de transparencia y cumplimiento.
La CENCA avanza en la “facultad de convocar bajo protesta de decir verdad a funcionarios” a fin de que todo servidor público de mandos superiores, ya sea de la administración federal o de los órganos autónomos, y particulares (de ser necesario), “informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas”.
Se prevé que las cámaras puedan convocar al presidente de la República y a gobernadores a informar sobre sus actividades “bajo protesta de decir la verdad”, o entonces poder ser denunciados ante la Procuraduría General de la República, sin importar el fuero constitucional que, de paso, quedaría anulado en caso de delito, flagrancia o licencia a sus cargos.
Los legisladores proponen ampliar el segundo periodo de sesiones de cada año, del 30 de abril al 15 de junio.
En los temas en los que no hay consenso, y que prevé queden sepultados en la CENCA, está la reforma política del Distrito Federal, los derechos de los pueblos indígenas y el federalismo fiscal.
