J. Jaime Hernández
El Universal
Miércoles 26 de marzo de 2008
WASHINGTON.— La Suprema Corte de Estados Unidos decidió ayer que el presidente George Bush no tiene autoridad para ordenar al estado de Texas una nueva audiencia y la reapertura del caso de José Ernesto Medellín, el ciudadano mexicano condenado a la pena capital en 1994, para cumplir así con un dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
En una resolución, considerada por analistas jurídicos como “compleja y contradictoria”, la Corte se ha basado en la separación de poderes para desestimar, por seis votos a favor y tres en contra, la potestad de Bush ante el estado y las cortes de Texas.
El gobierno de México consideró que el fallo de la CIJ debe ser respetado por los Estados que han aceptado su jurisdicción, por lo que continuará haciendo uso de todos y cado uno de los recursos a su alcance, a fin de lograr el pleno respeto de los derechos de los 51 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos, tal y como ha sido reconocidos por la CIJ, en el conocido “caso Avena”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana indicó, a través de un comunicado, que los abogados de la cancillería y del Programa de Asistencia para Casos de Pena de Muerte analizan la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y las implicaciones jurídicas para los mexicanos que enfrentan la pena de muerte en ese país
La mayoría de los magistrados de EU esgrimieron la “falta de integración jurídica” entre las leyes estatales y el dictamen emitido por la Corte de La Haya en junio de 2004 en el caso de José Ernesto Medellín y el resto de 50 compatriotas condenados a pena de muerte que no recibieron asistencia consular, según lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena.
“Esta resolución supone un gigantesco paso hacia atrás para el imperio de la ley”, consideró David Fathi, director en Estados Unidos de Human Rights Watch.
Ayer, nada más conocer los términos de la resolución de la Corte, la Casa Blanca se declaró “decepcionada” pero advirtió que está obligada a acatarla. Reconoció que, si bien Estados Unidos tiene la obligación de acatar y honrar sus obligaciones internacionales, “el Presidente no tiene la autoridad, bajo la actual legislación, de obligar a ningún Estado” a hacerlas cumplir.
La decisión, que afectará a los 51 mexicanos en distintas cárceles de Estados Unidos, sentará un preocupante precedente.
