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CULIACÁN, Sin.— Los beneficios de las reformas a los contratos colectivos de trabajo que han aplicado las universidades públicas podrán generalizase en el país por medio de la reforma laboral que comenzará a discutirse la próxima semana; sin embargo, el impacto de esa transformación se verá en 30 ó 40 años.
El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Rafael López Castañares, y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, consideran que, en tanto, el gobierno federal “debe ser responsable y rescatar a la educación superior pública” de la “alerta amarilla” en la que se encuentra.
López Castañares y Héctor Melesio Cuén también afirmaron que desde el año 2000 se han presentado avances para atender este problema, sólo que hasta ahora, a pesar de los recursos aplicados, “no ha sido suficiente para poder atender esa gran demanda que engloba un problema nacional”.
Consultado al respecto, el rector de la UAS dijo que su institución ha dado muestra de querer resolver ese conflicto heredado por generaciones a las instituciones.
Para ello, se emprendieron reformas a los contratos colectivos de trabajo que incrementan en diez años más el acceso a una jubilación, es decir un trabajador tendrá que acumular 35 años de trabajo cuando antes lo hacia sólo por 25 años.
La segunda modificación es la edad del trabajador, puesto que ahora se ha fijado como edad mínima para la jubilación los 65 años de edad; y la tercera, que el salario de jubilación se calcula a partir de un promedio de los últimos seis años de trabajo y no con el último salario.
La UAS es una de las instituciones que han sido consideradas como “foco rojo” por el monto del pasivo para el pago de jubilaciones que es de 24 mil millones de pesos. Dicha cifra, para pagar a 2 mil 850 jubilados representa el 30% del pago de la nómina de los trabajadores vigentes.
Frente a esa situación, Héctor Melesio Cuén dice que el esquema creado con el gobierno federal es el adecuado para solucionar el problema a largo plazo. Incluso reconoce la labor de la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y la del subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán.
Pero para este momento debe haber un “rescate como lo hubo con la banca y el Fobaproa. Tienen que ser consecuentes con el problema de este momento y saber que esto no es un empresa para que nos ayuden en los próximos años mientras las reformas que hemos emprendido tienen un impacto”.
El rector insiste que en este apoyo “debe haber cuentas claras y las universidades a estar dispuestas a la transparencia. Prácticamente nos hemos desnudado para que entren las auditorias cuantas veces quieran. De hecho hemos solicitado este año a la Auditoria Superior de la Federación nos vuelva a auditar. El problema es real”.
Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, dijo que en los trabajos que realizan de manera conjunta la SEP, la Secretaría de Hacienda, la Asociación y la Cámara de Diputados está por crearse un proyecto para “rescatar a las instituciones” que tienen este problema.
Señaló que de forma paralela se trabaja para crear un nuevo modelo de financiamiento multianual a las instituciones que podría funcionar a partir de este año.
