andrea.merlos@eluniversal.com.mxricardo.gomez@eluniversal.com.mxLos coordinadores del Frente Amplio Progresista (FAP) en las cámaras de Diputados y Senadores analizarán presentar una denuncia penal por tráfico de influencias contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
En los próximos días, los seis líderes parlamentarios se reunirán para decidir en torno a los documentos que Andrés Manuel López Obrador —cuyo contenido publicó EL UNIVERSAL— les entregó el domingo pasado, donde hay copia de dos convenios avalados por Pemex en beneficio de la empresa de la familia de Mouriño en 2002 y 2003, cuando el actual secretario de Gobernación era asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa.
En conferencia, los líderes en San Lázaro del PRD, Javier González Garza; de Convergencia, Alejandro Chanona, y del PT, Ricardo Cantú, aseguraron que “no tienen duda” de que Mouriño se ha enriquecido a costa de la paraestatal, pero tienen reservas sobre las acciones legales a tomar.
Lo anterior, en respuesta al Principio de Anualidad marcado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se establece que un funcionario podrá ser investigado, sancionado o juzgado sólo en el año siguiente después de que abandonara su cargo.
Además, los líderes parlamentarios adelantaron que podrían crear una comisión de investigación en el Legislatura, que pueda ir de la mano con auditorías que se le soliciten a la Auditoría Superior de la Federación.
En tanto, el líder del PAN en la Cámara Baja, Héctor Larios, exigió a López Obrador que si tiene pruebas contra Mouriño por algún delito, que las presente a las autoridades correspondientes.
“Si tiene algún elemento (López Obrador) que le haga pensar que se cometió un delito, que lo presente al Ministerio Público, que presente una denuncia porque es la obligación de todo mexicano …. ¿Cómo vamos a intervenir nosotros?, no, no, no. Ni siquiera conozco los documentos”, señaló.
Por su parte, la coordinadora de Alternativa, Marina Arvizu, demandó que el caso Mouriño se investigue a fondo.
Consideró que el gobierno debe dar su postura a la sociedad sobre el caso y afirmarlo o desmentirlo.
“Yo lo que insisto es que cuando hay ese tipo de rumores la autoridad competente que investigue y si hay delito que perseguir pues que se castigue. Eso es lo primero que tenemos que hacer, y en este caso tendría que ser lo mismo”, dijo la coordinadora de Alternativa.
