natalia.gomez@eluniversal.com.mxEL PASO, Texas.— Por razones “políticas y de discusión” legislativa en Estados Unidos, el gobierno de ese país no puede atender la demanda de las autoridades mexicanas en el sentido de hacer más estrictas las leyes para la comercialización de armas en Estados Unidos y con ello frenar de alguna manera el tránsito ilegal hacia territorio mexicano.
Robert Champion, agente especial adjunto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), aseguró lo anterior y dijo que dentro de la nueva cooperación bilateral Mexico-Estados Unidos se prevé que se sumen 35 nuevos oficiales de la ATF a la zona fronteriza, donde ya están activos 125 de ellos.
—¿Estados Unidos podría reforzar sus leyes para ayudar a combatir el tráfico ilegal de armas?
—Eso es cosa del Congreso estadounidense. Eso es político, yo no puedo reforzar las leyes.
La ATF ha identificado el fenómeno de los prestanombres, personas estadounidenses que venden en 50 y 100 dólares la utilización de sus datos personales para la compra de armamento.
Se ha reconocido también que las bandas criminales buscan más de seis proveedores para juntar un arsenal y éstas provienen principalmente de las tiendas establecidas de Estados Unidos y no de las ferias de armas que se realizan en estados como Arizona y Texas.
De acuerdo con Champion, las armas que mayor demanda tienen son las R15, AK-47 y la pistola FN 5.7, conocida como matapolicías y que atraviesa fácilmente los chalecos antibalas. Los precios varían entre mil y 2 mil dólares.
Respecto al tráfico de armamento sofisticado utilizado por las bandas criminales, la ATF ha identificado que los narcos compran el “cascarón” de las granadas y una vez en territorio mexicano tienen personal que las reconstruye.
“Cuando (le) pasa a nuestro vecino, nos afecta a nosotros y por eso nos preocupa”, dijo Champion, quien fue entrevistado en el Centro de Inteligencia de El Paso ubicado en el campo militar de Fort Bliss.
