juan.velediaz@eluniversal.com.mxMEXICALI, BC.— Reportes de inteligencia del gobierno de Baja California señalan la ubicación en esta frontera de cuatro grupos dedicados al tráfico de drogas que estarían vinculados a estructuras empresariales con las que camuflan sus actividades para el lavado de dinero.
De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, estos grupos actúan de manera primordial en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito donde se tiene detectada una sólida estructura de protección policiaca, de manera primordial en las corporaciones municipales.
Para el titular de Seguridad Pública en el estado, Daniel de la Rosa, un abogado de 33 años de edad de los cuales los últimos 10 han sido como servidor público en diferentes áreas de la administración local, “hay un sector importante de la policía que está colaborando con la delincuencia organizada”. Los indicios, asegura, son materia de investigación por lo que llevará tiempo la depuración y lo que el gobierno llama saneamiento de las corporaciones.
Quizá por ello en la opinión pública de Baja California no se considera casual que a poco más de 100 días de que inició el actual gobierno encabezado por el panista José Guadalupe Osuna Millán, los principales jefes policiacos provengan de la milicia. Porque tanto el mayor de infantería Justo Buenaventura, director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) así como el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, director de Policía y Tránsito de Tijuana, son dos oficiales retirados del Ejército que cuentan con el visto bueno del general de división Sergio Aponte Polito, comandante de la segunda región militar.
El divisionario ha reconocido de manera pública en diversas ocasiones que por primera vez en varios años hay una buena y efectiva coordinación con las autoridades civiles que ha redituado en los recientes golpes a la delincuencia organizada.
Y son estos cuatro grupos, detectados por las autoridades de seguridad en coordinación con los militares, los que vendrían a realizar la labor que en otro tiempo llevaba a cabo con mayor facilidad y de manera más abierta el llamado cártel de Tijuana, encabezado principalmente por los hermanos Ramón, Benjamín y Francisco Javier El Tigrillo Arellano Félix, —uno se encuentra muerto y los dos restantes presos en penales de Estados Unidos— por lo que su margen de operación se ha reducido en los últimos años de manera gradual.
Para el titular de Seguridad del estado, el trabajo que ha realizado el gobierno ha marcado un precedente hasta el momento en la entidad ya que, contrario a lo que el crimen organizado contemplaba, las autoridades han contado con “el cobijo social” de la población que ha redituado en un mayor número de denuncias ciudadanas para señalar zonas, regiones y personas que pertenecen a bandas organizadas quienes hasta hace unas semanas se movían con relativa facilidad en la franja fronteriza de este estado y actuar contra ellos con mayor efectividad.
Uno de los factores que ayudó, reconoce De la Rosa, es que meses antes de que el actual gobierno iniciara su gestión ya se tenía un diagnóstico de la situación de inseguridad por lo que hubo margen para elaborar los programas de prevención con los que se iniciaría el gobierno, el cual fue recibido con hechos considerados de “alto impacto”, como lo fue la refriega de los últimos días de enero en Tijuana donde un grupo de sicarios se parapetó y en su desesperación de verse rodeados por las fuerzas de seguridad federal y local ejecutaron a cinco personas que tenían secuestradas.
