andrea.merlos@eluniversal.com.mxLa Secretaría de Gobernación (Segob) cabildea directamente la reforma judicial, ante la preocupación de no lograr los votos requeridos para las modificaciones constitucionales.
Aun con los 312 votos del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados, esta reforma constitucional requiere del aval de otros 23 legisladores para completar los 333 que por ley deben aprobar un cambio a la Carta Magna.
Normalmente con los 17 del Partido Verdere Ecologista de México (PVEM) lograban estas mayorías, pero en esta ocasión ese partido ha manifestado no garantizar el voto unánime, por lo que buscan convencer a nueve diputados de Nueva Alianza.
Por ello, la bancada de Nueva Alianza se reunió con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
Miguel Ángel Jiménez, coordinador de la fracción en San Lázaro, confirmó a EL UNIVERSAL que ayer tuvieron una encerrona con el subsecretario de la dependencia, Daniel Cabeza de Vaca, y el recién nombrado encargado del enlace legislativo, Cuauhtémoc Cardona.
Jiménez explicó que durante el tiempo que duró la conversación, el tema central fue la reforma judicial.
El líder del Panal en San Lázaro anunció que este fin de semana su partido analizará el tema, y que sólo en caso de que acepten sus propuestas en los artículos transitorios, irán en favor de la reforma judicial.
Incluso, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Larios, del Partido Acción Nacional (PAN) se sentó ayer con Jiménez para tratar el tema.
En entrevista, Larios negó que con la reforma al sistema judicial se estén violando los derechos humanos y reconoció que se incorporará en el dictamen la obligación de certificar a las policías antes de darles las facultades de allanamiento o cateo en propiedades privadas.
Por su parte, el coordinador priista en la Cámara Baja, Emilio Gamboa Patrón, dijo que el voto de su partido es libre y que está comprometido el aval priísta al PAN.
En tanto, el coordinador perredista, Javier González Garza, consideró que la aprobación, de primera lectura, de la reforma judicial “es una vergüenza”, pues el dictamen aprobado en comisiones unidas no es lo que se va a avalar ahora, porque el Senado envió una rectificación.
“Eso es una vulgaridad, es una trampa, no es un problema ideológico, es un problema de legalidad, no tienen derecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en contra. Una buena reforma se echa a perder cuando no se respetan los derechos humanos”, agregó.
