caviles@eluniversal.com.mxLa reforma judicial es un hecho. Se trata del cambio más importante al sistema de procuración y administración de justicia y de seguridad en las últimas décadas. Su aprobación, programada para el martes próximo en la Cámara de Diputados, se concretará en medio de aplausos y lamentaciones.
Los cambios impulsados lo mismo protegen que vulneran derechos fundamentales y no garantizan que vayan a servir para disminuir el crimen organizado y la inseguridad que vive el país. Los legisladores decidieron apostarle a cambiar la forma en que se han venido realizando los juicios en el país desde el siglo pasado, al establecer las bases para transitar del sistema escrito al de los juicios orales y aprobar ayer en primera lectura el dictamen de la iniciativa.
Esta medida, si bien ha generado polémica, también ha ganado los aplausos de diversas organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios e instituciones educativas que han venido impulsando la instauración de los juicios orales desde hace varios años.
En cambio, el hecho de que el Congreso de la Unión decidió acompañar la implementación de los juicios orales con una serie de medidas —calificadas de atroces y peligrosas, tendientes a dotar de mayores poderes y herramientas a las procuradurías y a las policías del país para combatir al crimen organizado— ha despertado críticas en torno a la reforma judicial.
Entre los cambios más cuestionados, incluso por las comisiones de Derechos Humanos nacional y estatales, así como por los legisladores del PRD, destacan los orientados a disminuir los requisitos para catear domicilios, arraigar a sospechosos, intervenir comunicaciones y girar órdenes de aprehensión para detener a cualquier persona casi sin pruebas en su contra. (Con información de Andrea Merlos y Arturo Zárate)
