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El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó, con la autorización del Poder Judicial de la Federación, 34 intervenciones a llamadas telefónicas y correos electrónicos en casi tres años en el gobierno de Vicente Fox.
Esta información, que fue entregada al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), tendrá que ser remitida a un solicitante, luego de una resolución inédita relacionada con la seguridad nacional.
De acuerdo con la información, en 2006 se registró en el mayor número de peticiones al Poder Judicial para intervenir conversaciones privadas.
Los jueces sólo le negaron una sola vez al Cisen incurrir en este tipo de espionaje.
La información había sido reservada por este centro de inteligencia mexicano 12 años, con el argumento de que si se daba a conocer, se podía incurrir en violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, así como la protección que otorga la misma Ley Federal de Transparencia, al no permitir que se conozca información que pudiera afectar la seguridad del país.
Sin embargo, el proyecto presentado por la comisionada Jacqueline Peschard, consideró pertinente dar a conocer la información, pues no se violentaba la seguridad del país.
En su sesión ordinaria, el IFAI dio a conocer que el órgano de seguridad nacional deberá entregar la información relacionada con las llamadas telefónicas que fueron intervenidas durante el periodo de febrero de 2005 y hasta el 6 de noviembre de 2007, luego de que un solicitante pidiera dichos datos, pero sólo le fueron entregados al instituto.
Consideró que no ponía en riesgo la seguridad del país si se daban a conocer el número de llamadas privadas intervenidas —como lo dispone el capítulo II de la Ley de Seguridad Nacional— por parte de este órgano de seguridad.
Por unanimidad fue votado a favor de la entrega de los datos y el comisionado presidente, Alonso Lujambio, afirmó que significa un fallo sin precedente para conocer de manera más abierta lo que este órgano de seguridad nacional realiza.
Los comisionados también resolvieron que se debe entregar una versión pública de la auditoria practicada a la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), ya que la Función Pública había negado el acceso a dicha información.
No se divulgó a quiénes pertenecían los números intervenidos, ni las direcciones electrónicas.
