carlos.aviles@eluniversal.com.mx
El presidente Felipe Calderón pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que adelante la suspensión de las revisiones que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación para detectar posibles irregularidades en la Secretaría de Gobernación.
El titular del Ejecutivo impugnó la decisión que emitió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo al negarse a suspender temporalmente las revisiones que ordenó la Auditoría durante el tiempo que tarde en resolverse el juicio de controversia constitucional que promovió para evitar que se fiscalice la forma en que se otorgaron los permisos para crear casas de juego con apuestas y para realizar sorteos, así como los programas y campañas de comunicación del gobierno federal.
El recurso fue admitido el jueves pasado y se le turnó al ministro Sergio Valls Hernández, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia en el que proponga, ante el Pleno de la SCJN, ratificar o revocar la decisión que adoptó Gudiño.
En promedio la suprema Corte suele tardar en resolver este tipo de reclamaciones más de tres meses, por lo que durante este tiempo la Auditoría podrá continuar con sus revisiones.
En la Corte se estima que hay altas posibilidades de que la petición de Calderón sea rechazada, porque en casos similares la SCJN se ha negado a suspender las revisiones que lleva a cabo la auditoría por ser de interés nacional.
Desde el 3 de diciembre de 2007, el entonces titular de Segob, Francisco Ramírez Acuña, promovió un juicio de controversia constitucional, en representación de Calderón, para evitar que la ASF pueda revisar, actualmente y a futuro, los mecanismos y procedimientos con base en los cuáles la Segob concedió los permisos para instalar casas de juego con apuestas y para realizar sorteos, así como los gastos de comunicación social del gobierno federal.
En su petición el funcionario justificó la demanda del Ejecutivo, porque, dijo, la ASF está rebasando su esfera de atribuciones porque como ente fiscalizador sólo puede revisar cuestiones relacionadas con el manejo de ingresos o recursos y no de otro tipo.
En opinión del presidente Calderón, la Auditoría no puede ni tiene atribuciones para fiscalizar cuestiones administrativas como “las relativas a la expedición de permisos o sus modificaciones en materia de juegos y sorteos, la vigilancia respecto del cumplimiento de sus obligaciones por parte de los permisionarios”.
Como medida precautoria, Gudiño sólo ordenó a la ASF abstenerse de emitir cualquier observación o recomendación relacionada con el resultado que obtenga del proceso de fiscalización hasta en tanto que la Corte resuelva la demanda que promovió Segob.
De manera textual, en el acuerdo que emitió Gudiño en diciembre del año pasado se precisa que “procede conceder la suspensión para que, sin perjuicio de que la Auditoría Superior de la Federación continúe los procedimientos de fiscalización correspondientes”.
Y aclara: “en lo que atañe a la realización de las auditorías impugnadas, el ministro instructor que suscribe considera que en la especie, la medida cautelar es improcedente para paralizar las actividades de revisión y fiscalización del quehacer estatal, por tratarse de procedimientos de orden e interés público”.
Esta fue la decisión que impugnó Calderón.
