francisco.resendiz@eluniversal.com.mxEl Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició oficialmente una investigación sobre proveedores, funcionarios y empresas, con el fin de determinar si hay responsabilidad civil o penal por las fallas en la construcción de un edificio de este órgano jurisdiccional.
El magistrado Constancio Carrasco Daza, integrante de la Comisión de Administración del Tribunal, precisó que se ha iniciado una investigación administrativa en torno del proceso de construcción del edificio.
Aceptó que puede haber responsabilidad de funcionarios, pero también deslizó que puede haber prescripción en el caso de la existencia de algún ilícito.
Dicho edificio fue desalojado en octubre pasado, luego de que la empresa Cálculo y Supervisión realizó un peritaje que advertía sobre la posibilidad de que el inmueble sufriera graves daños con un sismo de 7 grados Richter y que ponía en riesgo a personas y documentos oficiales.
El edificio, que según cifras del propio TEPJF tiene un costo aproximado de 40 millones de pesos, está ubicado en la zona norte del conjunto de Carlota Armero 5000, en Culhuacán, y aloja oficinas administrativas. Tenía oscilaciones, con el simple paso de camiones de carga, de hasta 16 centímetros.
Información del Tribunal Electoral, en poder de EL UNIVERSAL, hace notar que el proyecto arquitectónico ejecutivo del edificio fue realizado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y que la obra se realizó en el periodo 1998-1999 y fue realizada por la empresa Constructora y edificadora MCI en el periodo 1998-2000.
Hasta el momento no se ha precisado quién es el responsable del cálculo estructura (carga) del edificio, pero según los documentos en poder de este diario se destaca que en el periodo 1998-2000 se realizaron dos revisiones a los edificios del Tribunal. A saber:
Una ejecutada por el ingeniero Carlos Olagaray y Palacios, que se trató de una “revisión estructural, firma de corresponsable seguridad estructural y supervisión de estructura”, y otra por Peschard Arquitectos, que se refiere a “supervisión técnica y elaboración de planos de seguridad estructural”.
Carrasco Daza hizo notar que se debe investigar a fondo el asunto, con el propósito de determinar si administrativamente ha prescrito; “pero no está ajena de la persecución y de la investigación en otras posibilidades jurídicas, como tiene que ver con la responsabilidad civil o penal”, dijo.
