juan.arvizu@eluniversal.com.mxLa abundancia de recursos para partidos ha motivado peleas en la trastienda, entre estas organizaciones y la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, la que enciende el semáforo rojo ante gastos improcedentes.
Los años han generado experiencia en alegatos por no cumplir requerimientos como presentar originales de facturas, contratos de servicios o extender cheques nominativos, por ejemplo.
La fiscalización descubre facturas falsas, proveedores sin domicilio; halla inconsistencias entre reportes y documentos de compras y rechaza gastos sin justificación.
¿Era válido brindar donativos a damnificados de la costa de Chiapas, como lo hizo a fines de 2005 el Partido de la Revolución Democrática?
A lo largo de las miles de páginas de los dictámenes de fiscalización, el IFE señala a los partidos políticos: “Esta autoridad electoral tiene como atribución la de vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos se apliquen estricta e invariablemente en las actividades señaladas en la ley”.
Pueden gastar los partidos en su operación ordinaria y de campaña y en promover la participación del pueblo en la vida democrática.
Con estos criterios, el órgano fiscalizador del IFE resolvió que el donativo en auxilio de damnificados, no procedía, “porque no guarda relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político”.
La reacción del PRD fue frontal: “Parece ser que ahora la autoridad electoral quiere imponer un criterio inédito en la normatividad electoral, de lo que considera deben ser los gastos de un partido político, como parte de sus actividades ordinarias”.
La misma discusión se aplicó por el rechazo de unos gastos por unos lentes que costaron casi 7 mil 500 pesos. En ese caso, el Instituto Federal Electoral invocó una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en que establece: los partidos pueden hacer lo que no está prohibido en la ley, siempre y cuando no desnaturalicen sus tareas constitucionales.
Con todo, no hay problema para autorizar la factura de una camioneta Explorer, en 395 mil 800 pesos, para un jerarca del PAN, en 2005, pero sí se obliga a que esa entidad en Jalisco retire una inversión en la Bolsa de Valores, por3 millones 165 mil pesos, “porque representa un riesgo para el patrimonio del partido”.
En fin, la fiscalización del dinero saca chispas.
