jorge.ramos@eluniversal.com.mxEl maltrato a migrantes por agentes migratorios ha disminuido, pero no se nota aún, aseguró Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Sí ha disminuido el maltrato a los migrantes por parte de agentes migratorios. Sí ha disminuido, por supuesto es algo que todavía no se puede notar porque era muy generalizado el maltrato que se daba”, sostuvo.
En su opinión, la disminución del maltrato se dio gracias a cambios de adscripción de agentes migratorios, peticiones de renuncia y consignaciones que han inhibido agresiones.
“Otra cosa que ha servido mucho es el cambio de actitud y la forma distinta de actuar de parte de nosotros, el órgano del cuerpo directivo del instituto, hacia los migrantes y los mismos agentes migratorios”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que el INM fue la institución que más recomendaciones recibió el año pasado y recientemente hubo una nueva por maltrato a migrantes en la estación migratoria de Saltillo, Coahuila.
En junio de 2007, EL UNIVERSAL reveló un informe donde Frontera con Justicia AC y Humanidad sin Fronteras AC documentaron con encuestas que desde hace al menos tres años, la situación de migrantes que acceden a dar su testimonio.
Si no es a garrotazos o con toletes, los migrantes centroamericanos que van de paso a Estados Unidos, son víctimas de policías federales y estatales o agentes del INM, o vejados con armas de fuego, gases lacrimógenos, piedras, perros y hasta toques eléctricos.
De mayo de 2006 a abril de 2007, ambas asociaciones entrevistaron a mil 700 personas, de un total de 8 mil 891 que estuvieron en el albergue, para documentar 2 mil 506 casos de violaciones a los derechos humanos de migrantes de América Central.
A finales del año pasado, organizaciones no gubernamentales acusaron a la Secretaría de Gobernación de pretender “estigmatizar” y “discriminar” a migrantes sin papeles, según su última propuesta de normas para las estaciones migratorias.
Los organismos sociales sostuvieron que Gobernación insiste en modificar las normas de 48 estaciones migratorias, donde hay un perfil de violación a garantías individuales.
La normatividad propuesta por Gobernación “continúa afectando el derecho a la libertad y de acceso a la justicia”, señala el grupo de 11 organizaciones civiles en un documento hecho llegar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
