BEIJING.— Hay que establecer un límite global a la concentración de gases que recalientan la atmósfera. Los incrementos compatibles con ese umbral deberían distribuirse entre países en desarrollo, a los que además hay que destinar un fondo de seguridad climática con una base inicial de un billón de dólares.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Bali ha sido solamente un primer paso en un camino accidentado hacia un acuerdo cooperativo entre todas las naciones para el control de los riesgos ambientales.
El compromiso de último momento para proseguir un proceso multilateral de negociaciones disminuye aún más los ya bajos objetivos que se habían propuesto para afrontar el cambio climático.
Los nuevos países industrializados, China e India en particular, que ahora figuran entre los mayores responsables del aumento de la emisión de gases, manifestaron su voluntad de cooperar con un nuevo acuerdo que preserve las metas fundamentales del Protocolo de Kioto, pero al mismo tiempo se negaron con justificada firmeza a acatar compromisos desproporcionados con relación a los que deben asumir las naciones causantes de la mayor parte de la contaminación.
La reiterada oposición de Estados Unidos, Japón y Canadá a aceptar limitaciones a sus emisiones y concesiones sobre financiamiento y transferencia de tecnología, continúa siendo un obstáculo.
Son escasas las señales de que serán aceptados los cambios necesarios. La mayor esperanza proviene de la toma de conciencia de la ciudadanía, que presionará a los gobiernos para que superen sus diferencias, de manera que en 2012 convengan en un proceso que asegure a todos los participantes una equitativa asunción de responsabilidades.
Pero los resultados de la conferencia celebrada entre el 3 y el 15 de diciembre en la isla indonesia de Bali dejan en evidencia las enormes dificultades que entorpecerán el camino hacia la cita de 2012.
Cuando el cambio climático fue citado como tema emergente en la primera conferencia ambiental internacional realizada en Estocolmo, en 1972, el mundo no estaba escuchando. En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, los jefes de 172 gobiernos aprobaron la Convención sobre Cambio Climático y acordaron cooperar para encarar los riesgos.
La aprobación del Protocolo de Kioto en 1997 fue un gran avance, pero le siguió el rechazo de Estados Unidos, principal fuente de gases invernadero.
Necesitamos un viraje radical. Debemos tratar el cambio climático como la más importante amenaza a la seguridad global que la humanidad haya enfrentado jamás.
La seguridad climática y energética son dos caras de la misma moneda. Nuestro disoluto uso de energía debe ponerse bajo control; mientras tanto, se deben reducir sustancialmente las emisiones de gases invernadero.
Los incrementos permisibles en las emisiones deberían surgir de la fijación de un “límite global” basado en la evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la cantidad total de gases invernadero que puede permitirse acumular en la atmósfera para evitar riesgos climáticos inaceptables.
Los incrementos compatibles con el límite global deberían ser distribuidos entre los países en desarrollo en proporciones relacionadas con el comportamiento de los países más desarrollados en la reducción de sus propias emisiones.
Los análisis científicos indican que la actual concentración de 450 partes por millón (ppm) de gases invernadero acumulados, es ya demasiado alta y que debe abatirse a su nivel preindustrial de 280 ppm. Todas las emisiones deberían ser reducidas y sostenidas en ese grado, que supera radicalmente lo contemplado hasta ahora.
Hay que establecer un fondo de seguridad climática y otorgarle un presupuesto inicial de un billón de dólares, financiado por aquellos que más han contribuido a las emisiones. Ese fondo sería utilizado para asistir a los países en desarrollo en la reducción de sus emisiones y adaptarse a las condiciones climáticas adversas.
El tipo de régimen de seguridad climática que resultaría de esas medidas va más allá de lo que es considerado realista por la mayoría, pero es imperativo si queremos asegurar la habitabilidad del planeta. Nuestra mejor esperanza es el ejercicio del poder del pueblo para obligar a los gobiernos a actuar, como está ocurriendo ahora en EU y en otros países. La sociedad civil se ha mostrado capaz de movilizar a gran escala el poder popular. Si bien no puede reemplazar a los gobiernos, con una acción concertada tiene la capacidad de impulsarlos a la acción.
*El autor fue secretario general de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, en 1972, y el primer director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma).
