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ACTEAL, Chenalhó.— A 10 años del asesinato de 45 indígenas tzotziles, la justicia no llega todavía a esta comunidad de los Altos de Chiapas, afirmaron ayer sobrevivientes de la matanza y representantes de organismos de derechos humanos, en el primer día de trabajos del Encuentro Nacional contra la Impunidad.
Una década después, los autores materiales siguen sin ser castigados, varios de los homicidas materiales viven sin sobresalto en Chenalhó, pese a tener órdenes de aprehensión, y las autoridades no han tomado medidas para evitar que se repitan los hechos, “pues las armas siguen en las comunidades”, denunció Sebastián Gómez, promotor jurídico del proceso.
“Nada calma el dolor, desde hace 10 años hasta hoy. Los malos gobernantes organizaron lo que vivimos entonces. Por el bien de todos, ayúdenos a empujar la justicia y la verdad”, pidió Catarina Méndez, sobreviviente de la masacre, quien recibió siete balazos ese 22 de diciembre de 1997.
El caso de Acteal está en trámite de admisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó Blanca Isabel Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), quien ha llevado la representación jurídica de las víctimas durante estos 10 años, e insiste en la tesis del crimen de Estado.
“La queja es por violación del derecho a la vida. La matanza se dio en el contexto de un plan de contrainsurgencia del gobierno mexicano para debilitar las bases de apoyo zapatistas, el cual incluyó la creación de grupos paramilitares”, sostiene.
La activista se declara optimista sobre la respuesta de la CIDH, que acaba de admitir un caso relacionado con Acteal y la actuación de grupos civiles armados en Chiapas: se trata de la queja por desaparición forzada de Antonio González, un militante del PRD, desaparecido en 1999 en la comunidad de El Calvario.
El Frayba atribuye la desaparición a Paz y Justicia, organización de filiación priísta que en esa época fue acusada de operar como grupo civil armado por ese organismo de derechos humanos, el EZLN y la sociedad civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas de la masacre de Acteal.
Creemos que la admisión del caso puede jalar el tema de Acteal y los casos de la zona norte (de Chiapas), que incluye 85 ejecuciones extrajudiciales y 37 desapariciones forzadas”, explicó en entrevista.
Admite que a 10 años de la matanza, el municipio de Chenalhó continúa dividido y el tejido social no ha podido reconstruirse, pero considera que debe hacerse un esfuerzo conjunto, que incluya al gobierno, a los agresores y a las víctimas. “Les hace falta reconocer la verdad de sus delitos, nosotros hemos dado el perdón, no pedimos venganza, seguimos exigiendo justicia”, concluye.
El recuerdo de la masacre y el reclamo de justicia fueron una constante en las diferentes intervenciones del encuentro, en el que Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos describió un México marcado por cuatro signos: impunidad, militarización creciente, convergencia autoritaria y una tendencia a criminalizar la protesta social.
No faltaron las críticas a la versión de que la matanza fue resultado de los conflictos intercomunitarios. Javier Ruiz, integrante de Las Abejas y coordinador de la Campaña Nacional contra la Impunidad, rechaza la tesis, pues asegura que “se trató de un crimen bien preparado. Es responsable el ex presidente Ernesto Zedillo, por promover una política de contrainsurgencia para crear grupos armados dentro de las comunidades, entrenados por los militares, son responsables también el ex gobernador Julio César Ruiz y colaboradores”, afirma.
Guadalupe Morfín, ex comisionada especial para Ciudad Juárez, consideró que deben ser bienvenidos los esfuerzos de los historiadores por esclarecer la verdad, “pero escuchando primordialmente a las víctimas”.
La directora del Frayba, Blanca Isabel Martínez, aseguró que la solicitud de que la SCJN conozca el caso, no resolverá nada, pues la matanza “tiene que ver con un problema estructural del sistema de justicia, que no garantiza la vigencia de ésta”
Hoy está prevista la participación del obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y de quien fuera su adjunto en la Diócesis durante el conflicto zapatista, Raúl Vera.
