liliana.alcantara@eluniversal.com.mxEl presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, dijo que apoya la lucha contra el crimen organizado, pero pidió que ese no sea pretexto para reducir las garantías fundamentales.
Reiteró que la constitucionalización del arraigo, las intervenciones telefónicas y los cateos domiciliarios sin orden judicial contenidos en la reforma al sistema de justicia penal aprobada por la Cámara de Diputados son contrarios a los derechos de las personas.
En tanto, organizaciones civiles de derechos humanos solicitaron al Senado eliminar de dicha reforma las figuras del arraigo y el allanamiento sin orden judicial por considerar que violan diversos tratados internacionales y constituyen una regresión en la materia.
También expresaron su preocupación por el régimen particular que se daría quienes se les impute su pertenencia a la delincuencia organizada porque “se han documentado casos en los que, por motivos políticos, se acusa de manera falsa a las personas”.
Edgar Cortez, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, dijo que aunque la reforma tiene aspectos positivos como los juicios orales “en otros rubros tiende a ser violatoria de los derechos humanos”.
Señaló que, de aprobarse la reforma como tal en el Senado, las organizaciones harían un cabildeo en los congresos locales e insistirán ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie al respecto.
Por separado, en un pronunciamiento, diez organizaciones civiles como la Red, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, manifestaron, antes de que el Senado iniciara la discusión, que es posible una reforma que garantice derechos en la que acusado y acusador estén en circunstancias de igualdad, en la que la actuación del Ministerio Público estuviera sujeta a los jueces, en la que cualquier evidencia obtenida de manera ilegal se invalide y se fortalezca la capacidad investigadora de la policía.
