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Con el voto dividido de la bancada del PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial, en la que, entre otras cosas, permitirá el allanamiento de una casa habitación en caso de que esté en riesgo una vida ya sea de manera evidente o por información de terceros.
Además de que regula a las policías locales, al Ministerio Público y da luz verde para que las grabaciones telefónicas se acepten como pruebas en caso de delito cuando alguno de los implicados las presente.
A pesar de que la reforma judicial avanzó por consenso en las comisiones legislativas, en el pleno de la Cámara de Diputados, el PRD se dividió una vez más, bajo el argumento de que las modificaciones legales son violatorias de los derechos humanos.
Por ello, se intentó aplazar su discusión, primero por unas horas y después hasta el siguiente periodo de sesiones, petición que no se logró ante la mayoría evidente de PAN, PRI y partidos minoritarios.
Para algunos perredistas los casos de permitir arraigos y allanamientos son “insalvables”, pues dan pie a abusos.
Ante esos cuestionamientos, los diputados de PRI y PAN aceptaron de última hora que las reformas al sistema de justicia penal mexicano incluyan condicionamientos y candados a las policías que realicen cateos en domicilios sin orden de un juez.
César Camacho Quiroz (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, informó que se hizo una modificación para garantizar que los cuerpos policiacos que hagan un allanamiento de morada tengan elementos suficientes para realizarlo.
Detalló que la reforma incluirá que cuando policías ingresen a un domicilio sin orden judicial, de inmediato deberán remitir a un juez los elementos objetivos que fundamenten el ingreso, y se demuestre que en realidad estaban en riesgo la vida e integridad de las personas.
Fundamentó que el dictamen logra poner límites y terminar con los abusos de las policías, y que le da al Estado instrumentos para combatir al crimen organizado y reestablecer el tejido social.
Camacho explicó a EL UNIVERSAL que ese permiso sólo será posible cuando esté en riesgo la vida de una persona, y ejemplificó:
“En caso de que se sepa que en una casa está sucediendo un secuestro, no tendremos que esperar una orden de un juez, se entrará directamente, porque está en riesgo una vida, y la vida está por encima de cualquier cosa. O si en una persecución, un delincuente se esconde en una vivienda, la policía tendrá derecho de entrar para detenerlo, y las acciones policiacas deberán ser explicadas, fundamentadas y detalladas ante una autoridad superior, porque así se controlarán”, dijo.
En el dictamen se establece que la autoridad judicial, a petición de MP, y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar arraigo hasta por 40 días, el cual se podrá extenderse hasta por otro periodo igual, siempre que sea necesaria para una investigación la protección de personas.
Además se sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad de las comunicaciones privadas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
En caso de que una persona grabe una conversación telefónica, ésta sí servirá como prueba contra la tercera persona en mención.
El proceso penal será acusatorio y oral; se regirá por los principios de contradicción, concentración e inmediación, con el fin de esclarecer el caso, proteger al inocente, y procurar que el culpable no quede impune.
Layda Sansores, de Convergencia, les reprochó a los perredistas que no reconozcan que la reforma judicial es una moneda de cambio con la elección de consejeros del IFE.
Al respecto, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por algunas propuestas de la reforma constitucional en materia de justicia porque “podrían significar un retroceso en la tutela de los derechos humanos”. Señalaron que la figura del arraigo es contraria a las recomendaciones hechas por la ONU a nuestro país en el sentido de que se debe eliminar, toda vez que se ha documentado que durante esa detención se cometen actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. También dijeron que son violatorios de las garantías fundamentales el permiso que tendrían los policías para entrar a los domicilios sin orden judicial, así como el dar el valor probatorio en un juicio penal a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Luego de conocer la aprobación de la reforma, senadores integrantes de las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública, Gobernación, Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales coincidieron en que no se apresurarán en revisar la minuta que les envió la Cámara de Diputados.
No se descarta que el asunto pudiera llevarse al pleno del Senado en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que empieza en febrero. (Con información de Liliana Alcántara y Arturo Zárate)
