MONTERREY, NL.— A pesar de que la mayoría de la población considera que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional tras sus ataques a Pemex, las refinerías de Cadereyta, Nuevo León; Salamanca, Guanajuato, y las instalaciones petroleras de Tabasco continúan sin vigilancia.
Un sondeo publicado por EL UNIVERSAL reveló que 83% de los mexicanos admitió que el EPR, organización que este año se atribuyó la colocación de artefactos explosivos en la red de gasoductos y oleoductos de Pemex en Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala, es una de las principales amenazas a la seguridad nacional.
Las explosiones, que causaron desabasto de gas en varias zonas industriales, se produjeron en julio y septiembre pasados como medida de presión del EPR que exige la presentación y liberación de dos de sus militantes detenidos en mayo pasado. En su comunicado fechado el 3 de diciembre, el EPR anuncia el reinicio del hostigamiento militar.
Sin embargo, es nula la vigilancia alrededor de la refinería de Cadereyta, 40 kilómetros al oriente de Monterrey, a pesar de que en el estado se desplazan más de 3 mil efectivos de las fuerzas federales para combatir al crimen organizado y el narcotráfico.
En la refinería, localizada sobre la carretera federal hacia Reynosa, Tamaulipas, la ausencia de efectivos policiacos o de militares dentro y fuera de la planta, permite que cualquier persona pueda introducirse a la zona que es considerada de restricción federal.
En la entrada principal de la planta la caseta de vigilancia está vacía, incluso los carros cisterna (pipas) se introducen sin aparente control para cargarse de combustible.
Un muro de poco más de un kilómetro protegido por rollos de alambre de púas en lo alto protege parte de las instalaciones, pero debido a la falta de vigilancia puede ser cruzado fácilmente, y lo mismo una puerta metálica cerrada con cadenas y candados que pueden ser rotos sin mucha dificultad.
En la refinería Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, algunos elementos del Ejército hacen patrullajes esporádicos, pero no hay una vigilancia permanente ya que hasta las puertas se mantienen abiertas en áreas de control de válvulas de la zona urbana de Santo Domingo, sobre la carretera Salamanca-Valle de Santiago.
La planta está bardeada en parte y se amplió la red de protección electrificada, pero las redes de conductos de la empresa están expuestas a pleno campo.
“Estamos en el peligro, no hay vigilancia, no hay nada”, dijo María de Jesús Moreno, delegada municipal de La Cal, uno de los poblados que rodean el módulo de Santo Domingo, donde tras el atentado, la vigilancia de militares y agentes federales sólo estuvo durante seis semanas.
Tabasco, blanco fácil
La mayoría de las instalaciones de Pemex en Tabasco operan sin dispositivos de vigilancia y se accede a ellas de manera fácil, según comprobó EL UNIVERSAL en la ranchería Cumuapa, municipio de Cunduacán, 17 kilómetros al norte de Villahermosa, donde hay varios pozos, conductos y plantas de separación, compresión y bombeo de hidrocarburos.
Ningún efectivo de la policía estatal o federal, o destacamento militar, se localizó en la zona, y según confirmaron los lugareños nunca se estableció una vigilancia especial tras los ataques del EPR.
Este año se han detectado en Tabasco 20 tomas clandestinas.
