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El Congreso de la Unión reaccionó ante la ola de amenazas de secuestro que recibieron algunos legisladores a través de sus teléfonos celulares, y comenzó a desempolvar iniciativas para endurecer leyes para castigar este ilícito y hacer más férreo el control de estos dispositivos de comunicación.
En el Senado de la República se planteó la urgencia de dictaminar una iniciativa en este sentido.
Según un estudio, en los últimos siete años delincuentes que se dedican a esta actividad criminal han obtenido por lo menos 14 millones de dólares.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones obligaría a las empresas a elaborar un registro, nombre y domicilio, de toda persona que adquiera un teléfono. Esta iniciativa fue presentada desde el pasado 20 de junio por el senador Mario López Valdez.
En su texto, el senador denuncia que no hay ningún control sobre las líneas celulares de prepago que se activan con tarjetas conocidas como chips.
Además, se señala que en el país hay más de 59 millones de líneas celulares, y que de acuerdo con un informe elaborado por el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, en el área metropolitana se intentan en promedio 200 extorsiones vía telefónica, diariamente.
De 2001 a 2007, quienes se dedican a la extorsión en esta modalidad, precisa el informe, obtuvieron alrededor de 14 millones de dólares.
Las entidades más afectadas por la extorsión telefónica son Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala.
“Los teléfonos celulares se han convertido en una de las principales armas y medios para delinquir”, señala en su exposición de motivos. La iniciativa está en las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativo y hasta la fecha no ha sido dictaminada. El senador Francisco Arroyo Vieyra planteó la necesidad de que se desempolve esta iniciativa.
En la Cámara de Diputados, donde el martes se dio una ola de llamadas por celular con amenazas de secuestro, se habló de la importancia de impulsar toda legislación que castigue con dureza esta actividad.
La bancada del PAN consideró que es el momento de legislar en la materia y regular la venta de teléfonos celulares. Juan Francisco Bedoya (PRI) dijo que ya se propuso una reforma para evitar este delito.
Se calcula que 95 % de las extorsiones se realizan mediante un teléfono celular, y que operan en México 700 bandas que se dedican a esta actividad.
