francisco.gomez@eluniversal.com.mxEl Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó incluir en el dictamen del caso Puebla cualquier consideración sobre las redes de pederastia y pornografía infantil en México, y dejó pendiente para la próxima sesión del jueves la decisión de si el gobernador de Puebla, Mario Marín, y funcionarios de Quintana Roo, violaron o no las garantías de la periodista Lydia Cacho.
Con seis votos a favor y cuatro en contra, los ministros del máximo tribunal dejaron fuera del dictamen final el tema de las redes de pederastia y pornografía infantil en México, al considerar que ello no era parte de la investigación que se encomendó realizar a la comisión investigadora del caso Puebla, encabezada por el ministro Juan Silva Meza.
Después de dos horas de discusión del proyecto de resolución, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, decidió diferir la discusión final del caso Puebla hasta la próxima sesión del Pleno que será este jueves, fecha en la que se prevé quede listo el documento final que se votará para decidir si autoridades de Puebla, encabezadas por el gobernador Mario Marín, y de Quintana Roo, participaron en “un concierto de autoridades” para violar los derechos humanos de Lydia Cacho, con motivo del proceso penal que se le inició a la periodista por difamación.
Los ministros Sergio Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls Hernández, Margarita Luna Castro y Mariano Azuela fueron quienes votaron por no incluir en el dictamen lo referente a las redes de pederastía y pornografía infantil.
Contra esta corriente, los ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez, Genaro Góngora Pimentel y José Ramón Cossío Díaz sostuvieron en el debate que investigar sobre la operación de las redes de pederastia daba la pauta para determinar el contexto y la gravedad del problema.
Al final de esta votación preliminar sobre el proyecto de resolución presentado por el ministro Silva Meza, la mayoría de ministros decidió no incluir este tema.
Luego, el pleno pasó al siguiente y último punto del informe presentado por la comisión investigadora del caso Puebla, y que se refería a validez o no de las pruebas recabadas, particularmente aquellas que consistieron en la intervención de comunicaciones privadas. Aunque el tiempo de la sesión se agotó, hubo algunas intervenciones de los ministros que perfilaron lo que será el tema central del debate del pleno el próximo jueves.
El ministro Sergio Aguirre Anguiano y quien fue probablemente el más crítico del proyecto, lamentó que la comisión haya solicitado intervenir líneas telefónicas de las autoridades de Puebla, ya que ello sólo procede en casos de delincuencia organizada.
Contra ello, los ministros Gudiño Pelayo, Góngora Pimentel y Cossío Díaz dijeron que las pruebas no deben examinarse aisladamente y en el caso concreto de esa conversación —entre el gobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario Kamel Naciff— se dio exclusivamente como punto de partida para que las cámaras de Diputados y de Senadores pidieran a la Corte la investigación del caso.
