andrea.merlos@eluniversal.com.mxricardo.gomez@eluniversal.com.mx
Con el voto en contra del PRI y del Partido Verde, la mayoría en la Cámara de Diputados pidió acelerar la revisión de denuncias y peticiones de juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien se le acusa de violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho al ser trasladada y encarcelada por denunciar actos de pederastia en la entidad.
Los diputados pidieron a la Mesa Directiva enviar de una vez a comisiones el informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativo a las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades del estado de Puebla.
El exhorto impulsado por el diputado del Partido Acción Nacional, Antonio Díaz, solicita a la subcomisión de examen previo de la Cámara Baja proceda en un plazo no mayor a 30 días hábiles a determinar si el denunciado es sujeto de un juicio político o no.
“O si sus acciones redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho y si los elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, o en caso contrario se deseche la denuncia”, indicó.
Díaz García aseguró que la subcomisión de examen previo violenta el estado de derecho porque hace más de 18 meses ha incumplido el mandato legal por el que debe determinar si pro cede el juicio político en contra del Ejecutivo local.
Por su parte, la diputada Valentina Batres Guadarrama del PRD pidió a los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justicia que convoquen urgentemente a una reunión para tratar el caso del gobernador Mario Marín.
El también perredista Francisco Santos denunció que hay irresponsabilidad en algunos de los diputados que integran la subcomisión porque no han trabajado para resolver este caso.
“Apenas es el inicio, después de resolver si hay los elementos, la Junta de Coordinación Política tendrá que generar la sección instructora y ésta no se ha creado”, recordó el diputado.
La pasada Legislatura llevó a juicio político al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, por supuestas irregularidades en un predio de Santa Fe, llamado El Encino.
El expediente pasó primero por la subcomisión de examen previo que conforman diputados de las comisiones de Gobernación y de Justicia, y después, ya verificado en su legalidad se traslada a la Sección Instructora integrada por cuatro legisladores, dos del partido mayoritario y dos más de los dos secundarios.
Hasta el momento, en San Lázaro no se ha avanzado en el caso, y por el contrario, los priístas pretenden darle carpetazo con base en las fechas que establece el reglamento interno.
