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La detención de narcotraficantes y delincuentes no es suficiente para combatir al crimen organizado porque también se requiere condenarlos y acabar con la corrupción en las corporaciones policiacas, señaló Mark Lagon, director de la Oficina para el Combate y Monitoreo de la Trata de Personas del Departamento de Estado en Estados Unidos.
Al advertir que la trata de personas es una amenaza para la seguridad internacional, el embajador indicó que México debe, además de aplicar la ley que se acaba de aprobar, destinar más recursos a los refugios para que pueda mejorar la calificación que cada año asigna el Departamento de Estado a nivel mundial.
Esta oficina del gobierno estadounidense, en su reporte del 2007, situó a México, por cuarta ocasión consecutiva, en la “lista de observación” por considerar que los esfuerzos del Estado para combatir este delito son insuficientes.
En una videoconferencia, Lagon dijo que la intención de Estados Unidos de calificar a otros países en la materia es establecer bases de la colaboración y en este sentido, señaló que el gobierno de George Bush ha destinado recursos económicos a México para combatir la explotación de las personas “y veremos de qué manera apoyaremos a las autoridades mexicanas para poner en marcha la ley que acaba de aprobarse”.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas define este fenómeno como la captación, el transporte, el traslado, acogida o la recepción de las personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación. La explotación puede ser de tipo sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas, servidumbre o extracción de órganos.
Lagon informó que cada año se calcula que hay 800 mil personas víctimas de trata y sólo en México, se estima que 20 mil niños son explotados sexualmente en el mismo periodo.
Explicó que el Departamento de Estado realiza informes anuales en los que califica el esfuerzo de los países para combatir este “grave problema”.