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Una de las propiedades que negoció Norma Inés Aguilar León, ex coordinadora de asesores del magistrado electoral Flavio Galván Rivera, forma parte de un litigio por un club de tenis con valor superior a los 130 millones de pesos.
El inmueble que fue mostrado por la inmobiliaria Rayo a Aguilar León, cuando ésta buscaba una casa para su uso particular, está dentro de un complejo habitacional ubicado en segunda cerrada de Prolongación Melchor Ocampo, en el Pedregal de San Francisco, en Coyoacán.
La casa forma parte de un conjunto de 50 condominios y un club de tenis. En junio de 2004 un grupo de vecinos inició un litigio contra la familia Acosta, propietaria original del predio, a fin de que el club de tenis fuera declarado “área común”.
Los vecinos —encabezados por Salvador Carmona Amoros y su abogado Ricardo Lara Marín— sostienen que la familia Acosta violó el reglamento de construcción del gobierno capitalino.
Personal de vigilancia del club, que pidió no difundir sus nombres, afirmó que a mediados de marzo un grupo de personas, que dijeron ser funcionarios del Tribunal Electoral, visitaron el club de tenis, tomaron fotografías y realizaron algunas mediciones. Fue la tercera visita.
Aguilar León era asesora de Galván cuando tenía el cargo de presidente del TEPJF. La confianza que le dio este magistrado desencadenó, incluso, descontento de los otros seis magistrados de la Sala Superior por el estricto control que tenía sobre las actividades que realizaban, ya que sabía a qué hora llegaban y salían, con quiénes se reunían y lo que comían.
El pasado 14 de agosto Aguilar León pidió licencia para separarse de su cargo en tanto se le investigaba por presuntos actos de corrupción en el proceso de búsqueda de un edificio que serviría como sede alterna del Tribunal Electoral.
De acuerdo con la denuncia que presentó el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar el 6 de julio contra Aguilar León, durante el proceso de búsqueda de una casa particular la funcionaria del TEPJF habría pedido a la vendedora de Rayo un edificio “para el gobierno”.
EL UNIVERSAL ha documentado este asunto desde el pasado 9 de agosto. La denuncia hace notar que a la vendedora que atendía a Aguilar León y que le había mostrado al menos dos edificios —entre ellos uno en avenida Revolución y el otro el de Grupo Monitor, en San Jerónimo— se le habría dicho que la comisión se repartiría 50%-50%.
Así pues, durante este proceso de búsqueda de una casa particular y luego de un edificio para el Tribunal Electoral con la inmobiliaria Rayo, Aguilar León habría recibido informes del terreno que se encuentra en juicio. El metro cuadrado del área esta tasado en mil 300 dólares, según las indagatorias.
El predio en litigio ha pertenecido desde 1945, por cuatro generaciones, a la familia Acosta, que se dedicaba a bienes raíces, construcción, y venta y renta de maquinaria.
Hoy se encuentra en espera de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. La licencia de construcción es de junio de 1986 y el plan de reordenamiento que inicialmente es aducido por los demandantes es de junio de 1987.
La investigación contra la presunta conducta irregular de Aguilar León sigue abierta en el Tribunal Electoral.
