jorge.ramos@eluniversal.com.mxDurante los meses de diciembre a agosto pasados, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó nueve denuncias penales por aplicación indebida e irregular de recursos públicos y pagos indebidos a proveedores.
Ninguno de los casos, según el reporte obtenido mediante la Ley Federal de Acceso a la Información, implica a altos funcionarios o ex servidores públicos o se refiere a casos importantes como los desvíos en Pemex, las contrataciones en Enciclomedia o la megabiblioteca José Vasconcelos.
De acuerdo con un informe de la dependencia, en todos los casos el Ministerio Público Federal se encuentra recabando elementos de prueba contra los presuntos delincuentes.
En el documento no se precisan montos, aunque sí se señalan las entidades afectadas.
El informe menciona, que se trata de Diconsa, presentada el 1 de febrero de 2007; un hospital de especialidades “de una entidad federativa”, presentada en la misma fecha del caso anterior; aplicación irregular de recursos del sector salud en Oaxaca, con la misma fecha de presentación, entre otras.
El primer caso en la lista es un expediente de presunta responsabilidad que arrojó que en 11 contratos celebrados con diversos proveedores se realizaron pagos indebidos en Diconsa, por lo que el ministerio público aún practica diligencias de investigación del delito y del delincuente.
Luego aparece un hospital de especialidades de la Secretaría de Salud, por la “aplicación indebida de recursos económicos transferidos mediante convenio de coordinación y reasignación al gobierno de una entidad federativa”, sin que hasta el momento del reporte se tenga a los presuntos responsables.
Un tercer caso es el de la presentación de una denuncia el 1 de febrero pasado por “el manejo y aplicación irregular de recursos del programa de fortalecimiento de oferta de los servicios de salud (Ramo 12 del presupuesto federal) en el estado de Oaxaca”.
En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ubicado en la ciudad de México, el 23 de abril pasado la SFP presentó una denuncia contra un servidor público por la falsificación o alteración de documentos para justificar indebidamente la procedencia de un pago por concepto de anticipo a una constructora.
En la Secretaría de Turismo, así como en las delegaciones de Chihuahua y Sinaloa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la SFP presentó denuncias contra personas por usurpación de funciones.
Los otros casos que suman el total de denuncias penales se refieren a la delegación de Orizaba, Veracruz, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y, finalmente, en LyF , con sede en Naucalpan, Edomex.
