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Después de casi 10 años de la matanza de 45 indígenas tzotziles en Acteal, un juez federal con sede en Chiapas sentenció a 26 años de prisión a 34 personas de la misma etnia, en un juicio que una década después continúa abierto.
Javier Angulo, representante común de la defensa, informó que la sentencia ya fue apelada y será revisada por un Tribunal Unitario, por lo que sigue sin haber una resolución definitiva del caso.
La resolución del Juez Segundo de Distrito, Martín Rangel Cervantes, contrastada con el expediente, revela una serie de inconsistencias entre las que destaca la liberación de Hilario Luna Pérez (el único exonerado), quien había sido liberado desde 2006, en una sentencia previa dictada dentro del mismo juicio.
Entre los sentenciados destaca el caso de Juan Luna Pérez, de 64 años de edad, a quien el juez consideró responsable de la masacre, pese a que después de 10 años de proceso, no ha podido determinar su identidad real, lo que constituye una grave violación a sus derechos procesales, de acuerdo con la defensa.
Los testigos de cargo acusan a Juan Luna Nichin, a Juan Luna Pérez o a Juan Pérez Pérez, acusaciones que el juez consideró válidas para sentenciar al inculpado, pese a que su acta de nacimiento (ofrecida como prueba), aparece el nombre de Juan Luna Pérez.
Para la defensa, lo más grave es que el juez sentenció a 32 inocentes (dos de los sentenciados aceptaron su responsabilidad en la matanza) acusándolos de usar las mismas tres armas con las que hace un mes condenó a 18 procesados, y hace 5 años a otros 24.
“Si antes parecía absurdo condenar a 18 indígenas con el aseguramiento de tan sólo tres armas, carece de toda lógica condenar a 52 por las mismas 3 armas que, además, está demostrado con dictámenes periciales, no son las empleadas en la matanza del 22 de diciembre de 1997”, explicó Javier Angulo, representante común de la defensa.
Además, los 34 procesados fueron condenados por el testimonio de unas 120 personas, 80% de las cuales no presenció los hechos y el resto ni siquiera puede determinar el número de agresores, pues según las declaraciones que constan en el expediente, los testigos de cargo hablan de 5 hasta 250 agresores.
“Estos testigos, de manera increíble, pudieron señalar a 60 agresores por nombre y apellido así como por la comunidad a la que pertenecen, seis meses después de la matanza, aunque en sus primeras declaraciones, realizadas pocas horas después, sólo recordaban 3 ó 4 nombres”, destacó el abogado.
El juez también sentenció a tres de los procesados (Juan Luna Pérez, Hilario Guzmán Luna e Ignacio Gómez Gutiérrez) que tienen más de 60 años de edad, aunque la ley le obligaba a dictar medidas de seguridad a las personas que superan esa edad, y pese a la solicitud presentada por la defensa en ese sentido.
“Nuevamente, el Juez Rangel Cervantes, quien debería ser el garante del procedimiento, deja a un lado los mínimos estándares de debido proceso, convirtiéndose en un fiscal que busca culpabilizar a los procesados”, aseguró Javier Angulo.
