francisco.gomez@eluniversal.com.mx
La Comisión Nacional de Derechos Humanos insistió en el retiro gradual de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en tareas de seguridad pública, como el narcotráfico; sin embargo, su titular José Luis Soberanes Fernández aceptó que hacerlo en este momento “sería irresponsable” porque en varias zonas del país se generaría una ausencia de Estado, que sólo puede convenir al crimen organizado.
“Será por el bien de los derechos humanos y del propio Ejército”, dijo al informar de cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Sedena por acreditarse presuntas violaciones a las garantías por personal militar a civiles en Michoacán, Coahuila y Sinaloa, y que van desde la comisión de delitos sexuales, robo, tortura, lesiones y homicidio, daño en propiedad ajena, detenciones arbitrarias y obstáculos a las investigaciones del organismo.
José Luis Soberanes Fernández aseguró que México requiere de un Estado cuyas autoridades no vacilen ni teman convertirse en el escudo entre criminales y ciudadanos, acabe con la violencia y la insolencia criminal que amenaza a millones de mexicanos, logre que las policías federales, estatales y municipales, asuman cabalmente el combate al narcotráfico, el crimen organizado y garanticen la seguridad pública.
Sin dejar de reconocer que “los enfrentamientos del narcotráfico arrojan ya las cifras de una guerra de baja intensidad, y la delincuencia común sigue agobiando a la sociedad”, en conferencia de prensa el ombdusman nacional pidió calendarizar el regreso a los cuarteles del personal militar y dejar de exponerlos a misiones para las que no están preparados y que no son de su estricta competencia, como son las tareas de seguridad pública, sino de las policías municipales, estatales y federales que deben asumir cabalmente la responsabilidad que por ley les corresponde.
Acompañado por la segunda visitadora general del organismo, Susana Thalía Pedroza de la Llave, y el director general de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Salvador Arias, el funcionario justificó su posición al señalar que “el adiestramiento, la educación y el equipamiento que reciben los militares para cumplir sus encomiendas difieren radicalmente de los que reciben los cuerpos policíacos”.
“Un policía —explicó José Luis Soberanes Fernández— está adiestrado para tratar cotidianamente con los ciudadanos, orientarlos y en caso necesario hacer uso de fuerza gradual y medida. Un soldado, por la delicada naturaleza de sus encomiendas, está entrenado física y mentalmente para combatir enemigos y obedecer órdenes de manera implacable”. Por eso, planteó, es hora de que el gobierno genere un plan para regresar a los militares a los cuarteles.
Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no había confirmado si aceptaba o no las cuatro recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni había fijado una postura sobre las presuntas violaciones a las garantías de integrantes de la población civil en que se involucra a personal militar.
Las cuatro recomendaciones enviadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional son por la presunta responsabilidad de militares en violaciones y abusos que van desde ataques sexuales, robo, tortura, lesiones, obstáculos a investigaciones y hasta posible homicidio, en acciones militares ocurridas como parte del Operativo Michoacán en Nocupétaro y Apatinzingán, así como en dos acciones más en Castaños, Coahuila y Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
