Ados años de los accidentes en instalaciones en Petróleos Mexicanos —explosiones en ductos y derrames de combustible—, registrados en los estados de Veracruz y Tabasco, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha consignado a un solo servidor público de la paraestatal, de alrededor de 60 que estaban bajo investigación, y uno de los expedientes incluso ya se envió a la reserva, sin que se haya aclarado el origen de los siniestros.Un informe de la dependencia entregado a EL UNIVERSAL indica que, a pesar del tiempo transcurrido desde los incidentes en Nanchital y Agua Dulce, Veracruz, y en Cunduacán, Tabasco —ocurridos entre diciembre de 2004 y enero de 2005—, que ocasionaron graves daños ecológicos, hasta el momento el Ministerio Público de la Federación no ha procedido penalmente contra ningún responsable.
Desde el momento en que se registraron los siniestros, la Procuraduría General de la República realizó una serie de peritajes para determinar si las explosiones y el derrame de hidrocarburos fueron resultado de errores humanos o deficiencias en las instalaciones de Pemex; sin embargo, aún no hay respuesta y los daños ocasionados no han sido imputados a nadie.
En el documento se indica que en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, que depende de la Subprocuraduría de Delitos Federales, dos de los expedientes “siguen en trámite” y por tanto el contenido de estos casos se reservó por dos años más.
Los casos impunes
En el informe se establece que “hasta la fecha no ha sido consignado ningún funcionario relacionado con las averiguaciones previas que se integran con motivo de las explosiones y derrames de combustibles en los ductos de Pemex, ubicados en Agua Dulce y Nanchital”.
Se detalla que se integraron tres expedientes —a los que se acumularon 17 averiguaciones previas iniciadas contra los presuntos responsables, entre los que estaba personal de las áreas de Exploración y Producción, así como Refinación—, aunque en uno de ellos ya se autorizó enviarlo a la reserva y los dos restantes continúan en trámite.
Por lo que continúa impune el derrame de más de 5 mil barriles de petróleo crudo de las instalaciones ubicadas en el municipio de Nanchital, que afectó manglares y lagunas cercanas, así como el río Coatzacoalcos; también está por esclarecer el incidente registrado en enero de 2005 en la zona de Agua Dulce, cuando se registró ante la fuga de naftas ligeras de gasolina natural que escaparon de un gasolinoducto en la zona rural de Rancho Lipsa.
Mientras, un cuarto expediente, que se integra en la delegación de la PGR en Tabasco bajo el número 140/2005, por el derrame de hidrocarburos en la entidad en diciembre de 2004, por una fuga que se suscitó en una la línea que está conectada al complejo petroquímico de Cactus, tampoco ha sido resuelto.
