La gestión de Flavio Galván como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estuvo marcada por favores personales, compadrazgos, protección y control de áreas de dirección del órgano jurisdiccional, de acuerdo con la denuncia presentada ante el órgano de control interno.El magistrado colocó a sus allegados en puestos clave del tribunal: Norma Inés Aguilar León, como coordinadora de asesores; el esposo de ella, Octavio López Guzmán, como litigante externo de la institución, y Daniel Tapia Izquierdo, compadre de esta pareja y amigo personal del magistrado, en la secretaría administrativa del órgano.
La situación de privilegio duró hasta que uno de los magistrados de la Sala Superior presentó denuncia de hechos ante su contraloría interna en contra de la principal colaboradora de Galván Rivera, Norma Inés Aguilar, por incurrir supuestamente en actos de corrupción durante el proceso de búsqueda de un edifico para la sede alterna del TEPJF. Pero antes de eso ya se había tejido toda una red de poder en la que el brazo ejecutor de Flavio Galván Rivera estaba compuesto por tres personas.
El primer círculo
Fuentes del primer círculo del magistrado Galván revelaron a EL UNIVERSAL que Aguilar León llevaba un registro preciso de las comidas privadas de los magistrados, su hora de llegada y salida y las reuniones que sostenían y lo que consumían.
Agregan que la funcionaria tenía detenidos, por su control con las seis coordinaciones del TEPJF, todos los programas de becas para sus funcionarios para capacitarlos en universidades de Europa y Estados Unidos; varios viajes de capacitación a abogados de partidos políticos, foros públicos y diversas acciones de transparencia, entre otros temas.
Aguilar León tenía una fuerte influencia en el TEPJF, incluso antes de ser la coordinadora de asesores de Galván, pues el 19 de octubre de 2006 representó al órgano jurisdiccional ante el Senado de la República durante la instalación de una comisión legislativa.
Sin embargo, en medio de esa gran amistad el magistrado Galván Rivera contrató directamente a Octavio López Guzmán, esposo de Aguilar León, con la finalidad de que en su calidad de abogado representara, supuestamente de manera gratuita, al tribunal en diversos juicios administrativos.
Uno de los litigios en que López Guzmán tuvo la representación del tribunal tiene el expediente 07/2007 y se trata de un juicio mercantil que se encuentra en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal que interpuso José Alberto Casas Ramírez contra el TEPJF.
La denuncia presentada por un magistrado contra Aguilar León apunta:
“Nos enteramos después que el C. Octavio López Guzmán, de forma gratuita y por relaciones de amistad, ha participado en la contestación de demandas de conflictos jurisdiccionales de los que el TEPJF es parte y corresponde cumplimentar a los funcionarios adscritos para ello, a nadie más”.
“También nos enteramos de la estrecha relación de amistad entre la C. Norma Inés Aguilar León y el secretario administrativo de este órgano” (Daniel Tapia, quien renunció al cargo el 29 de junio, una semana antes de la denuncia contra Aguilar León).
Así se confirmó que la relación de Galván dio para más. El entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de tomar posesión de su encargo el 6 de agosto, pidió a los otros seis magistrados propuestas para seleccionar al secretario administrativo del órgano, que se encargaría de manejar los mil 100 millones de pesos que dicha dependencia tiene de presupuesto anual.
Los seis magistrados se dieron a esa tarea, cruzaron la currícula seleccionada y sin previo aviso Galván informó que había contratado al actuario Daniel Tapia —dedicado a quiebras— para ejercer el cargo.
Tapia es compadre de Aguilar León y López Guzmán, pero sólo duró casi seis meses en el cargo al renunciar el 29 de junio. Este hombre compareció el 2 de agosto ante la contraloría interna. Durante la gestión de Tapia Izquierdo se realizaron compras de enseres y se firmaron contratos millonarios para el funcionamiento del órgano. Entre los pedidos que realizó el tribunal durante la gestión de Tapia Izquierdo —como lo reveló en marzo pasado EL UNIVERSAL— destacan el gasto de 37 mil 308 pesos en un sillón, 30 mil 187 pesos en banderas nacionales de escritorio, casi 200 mil pesos en medicamentos y material de curación, 38 mil pesos en uniformes deportivos y 43 mil pesos en sillones ejecutivos.
Excesos y protección
La influencia de Aguilar León era tal que, según narran asistentes y al menos tres magistrados consultados por EL UNIVERSAL, se realizaban cenas privadas en la casa de la funcionaria o del propio Flavio Galván con el servicio de la empresa que realiza el servicio de comedor al Tribunal, Godesa, SA de CV, y con quien tiene dos contratos que suman más de 3 millones 800 mil pesos.
El poder que acumuló Galván ha servido para que, hasta el pasado jueves, Aguilar León y López Guzmán no hubieran comparecido ante el contralor interno Mario Rodríguez Santos, y que incluso diera la oportunidad de que respondieran por escrito una diligencia.
Fuentes calificadas de la propia Contraloría del tribunal confiaron a este diario que esta situación motivó a la nueva presidenta, María del Carmen Alanís, y al magistrado Constancio Carrasco, ambos integrantes de la Comisión de Administración, a que cada uno pusiera un secretario de apoyo al contralor a fin de que siguiera el proceso.
Galván Rivera renunció el pasado 6 de agosto a la presidencia del Tribunal Electoral argumentando “motivos de salud”; sin embargo, se mantuvo en el pleno de la Sala Superior como magistrado.
Después se supo que la renuncia fue consecuencia de la presión que recibió de sus compañeros por una denuncia presentada contra Norma Inés Aguilar León por incurrir en supuestos actos de corrupción al pretender cobrar una comisión por “amarrar” la venta de un edificio para el tribunal.
El 9 de agosto, esta casa editorial reveló que la investigada era Aguilar León, entonces coordinadora de asesores de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que el 14 de agosto la funcionaria solicitaría licencia a su cargo.
