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Justicia en la democracia


Domingo 02 de septiembre de 2007 Francisco Valdés ugalde | El Universal

La semana pasada abordé el tema de la violencia y su relación con la democracia. Varios lectores reaccionaron a esa opinión. Algunos lo hicieron con dureza de juicio. Sus cuestionamientos se dirigieron especialmente a la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado para enfrentar a quienes desafían su autoridad desde la ilegalidad, sea por motivos políticos, como los de la disidencia armada o por motivos delincuenciales, como los del crimen organizado.

El énfasis de los comentarios se centró en la duda sobre la legitimidad de la legalidad existente, dispuesta, según se afirma, más para reprimir opositores que para defender la democracia y en la presencia de graves desigualdades y pobreza.

La democracia, como cualquier otro estado, no es el reino de la felicidad. Es un orden político entre otros. En este caso el menos malo de todos, el que más se presta para dar cabida a las preferencias de la mayoría, a la defensa de los derechos de las minorías y a la negociación entre la pluralidad de ideologías sin suprimir la libertad.

Pero no todas las democracias son iguales. Y mal haríamos en conformarnos con limitarla a la elección y remoción de autoridades. Si este sedimento fundamental de la democracia es imprescindible, es insuficiente para su estabilidad y, sobre todo, para hacerla viable y perfectible para un futuro deseable.

En un Estado democrático la legitimidad del “monopolio de la violencia legítima”, como lo designó Max Weber, reside en que las autoridades constituidas emanan del acto electoral, entre ellas el Poder Legislativo del cual, y sólo del cual, emanan las normas vinculantes de obediencia obligatoria.

Desde luego, hay otros poderes y cuerpos que generan leyes, reglamentos y ordenanzas. El Poder Judicial emite sentencias, el Poder Ejecutivo proclama decretos, el municipio produce edictos que son ley obligatoria. Pero todas esas normas vinculantes se emiten en virtud de los poderes con los que la Legislatura faculta a cada uno de estos organismos. El poder de última instancia para hacer esto es el Legislativo.

En una democracia de poca edad como la nuestra, las contradicciones en este aspecto son abundantes. Hay muchas leyes y disposiciones, inclusive constitucionales, que fueron instituidas bajo un sistema autoritario y por ello, la legitimidad del Poder Legislativo que las formuló en su momento puede ponerse en duda. Este argumento tiene una buena dosis de razón. En sentido estrictamente lógico, muchas de las reformas constitucionales y de las leyes existentes derivan de un sistema que controlaba el voto de los ciudadanos ilegítimamente, impidiendo que pudieran escoger entre alternativas partidarias, rasgo esencial a la democracia.

Pero en sentido histórico también es cierto que la mayor parte de la sociedad mexicana, medidas sus preferencias a través de las urnas y los estudios de opinión pública, ha elegido salir de aquella situación para dirigirse a un mejor estado social en el que claramente la democracia política es una parte de la canasta de bienes preferidos.

A partir del momento en que se ha dispuesto de elecciones libres y sufragio efectivo, los gobiernos emanados de las urnas son legítimos y legales, y legítimas las decisiones que toman en el marco de la ley instituida por el Poder Legislativo.

Hoy por hoy, la capacidad de decisión social a través del sistema democrático de elección y remoción de autoridades y de formulación de políticas públicas es mucho mayor de la que se dio en todo el siglo XX. Por eso México está cambiando.

Esto no significa que nuestra democracia sea perfecta. Al contrario, su consolidación dista de ser un hecho. Pero esa consolidación depende de muchas acciones y entre ellas está, sin duda, la de compartir un concepto de la democracia y de qué puede hacerse o no dentro de ella.

Un régimen de gobierno carece de sentido si no se constituye en un medio para alcanzar nuevos estados sociales. La capacidad de cada individuo, grupo, gremio o partido para alcanzar las metas legítimas que se propone se gestan mejor en la democracia que fuera de ella. Pero conseguir el ambiente propicio para fomentar esas capacidades requiere de un esfuerzo intencional.

Las aspiraciones de libertad, justicia e igualdad han dormido o han sido reprimidas durante mucho tiempo. Abrir el espacio político para hacerles camino requiere de varias cosas. Ante la desigualdad de la sociedad mexicana, dos esfuerzos se antojan fundamentales para disminuirla: reconstruir el sistema de justicia y reorientar el desarrollo económico.

La justicia en México ha sido largamente pospuesta. En nuestro país no hay justicia “pronta y expedita” en la ventanilla; o a lo sumo la hay en baja escala y poca accesibilidad. Si los derechos que consagra la Constitución fueran “justiciables” el conflicto social podría canalizarse con efectos de redistribución positiva de la riqueza.

El otro punto de atención es cambiar el sentido del crecimiento económico por el de crecimiento en el desarrollo, cuyo propósito es la redistribución del ingreso nacional, además de incrementar la productividad de los factores. No basta con crecer para después distribuir. Hay que crecer distribuyendo.

Justicia y desarrollo para mejorar la sociedad, para disminuir la desigualdad, para aumentar la participación cívica, para el crecimiento de los ciudadanos como actores políticos. El espacio público es el ámbito por excelencia para conseguirlo. Pero es indispensable llenar ese espacio, no dejarlo al margen.

Hacer esto es posible en la democracia, aunque haya que cambiar muchas cosas para hacerlo. En cambio, el derecho a la desobediencia civil sólo comienza cuando razonablemente puede decirse que se han cerrado todos los caminos. Y no es nuestro caso.

ugalde@servidor.unam.mx

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM



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