La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral establece la renovación escalonada de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), y reduce en un 50% el financiamiento público para las campañas, con una duración de 90 días para las elecciones de cada seis años.
Además, prohíbe la “propaganda negra”, es decir, la difusión política o electoral que “denigre a las instituciones, los partidos o las personas”, y faculta al órgano electoral sancionar no sólo a partidos sino también a personas físicas y morales.
No especifica, por ahora, el camino legal para que se vayan los actuales consejeros, aunque se espera que sea el lunes próximo cuando esto se resuelva en las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, con un artículo transitorio en el dictamen respectivo.
La reforma constitucional estaría aprobada en septiembre por el Congreso federal y a más tardar en octubre por la mayoría de los congresos locales. Después el legislativo dispondría de un plazo de 30 días para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Se prevé que en noviembre-diciembre estaría concluido todo el proceso para la reforma electoral, por lo que en este año habría nuevos consejeros en el IFE, que en lo sucesivo serían sustituidos de manera escalonada, para un periodo de nueve años.
En el caso del tribunal, también la propuesta plantea una renovación escalonada de los magistrados, una vez que concluyan su periodo.
Para evitar la polémica que se originó con el fallecimiento de un magistrado en el 2005, de si el sustituto culminaría el periodo o tendría derecho a ocupar el cargo nueve años, la reforma propone que éste sea elegido para concluir el periodo de la vacante. Este mismo criterio aplicará para los consejeros del IFE.
Las nuevas formas y porcentajes del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y de campaña, entrarían en vigor a partir del 2010, según uno de los artículos transitorios.
De acuerdo con la propuesta, la sala superior del tribunal sólo podrá declarar la nulidad de una elección “por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”, lo que pondría dejar sin efecto la causal abstracta que fue creada por los magistrados.
En materia de financiamiento público se especifica la reducción del 50% para las campañas y se crea una nueva fórmula para calcular el financiamiento para actividades ordinarias: se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón por el 70 % del salario mínimo vigente en el DF. Esto quiere decir que la bolsa de los partidos para gastos ordinarios sería de alrededor de 2 mil 485 millones de pesos.
La fiscalización de las finanzas de los partidos la hará un órgano técnico del consejo General del IFE y para vigilar los recursos del instituto se creará un a contraloría general interna, cuyo titular sería designado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes.
