El proyecto de reforma electoral considera la destitución de los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), aquellos que organizaron las elecciones presidenciales de 2006, y las reglas para el nombramiento de los nuevos integrantes de este órgano.Bajo este esquema, los partidos políticos PRI, PRD y PAN buscarían la salida inmediata de tres consejeros: Luis Carlos Ugalde, Lourdes López Flores y Rodrígo Morales Manzanares. El resto de los consejeros saldría de manera escalonada, de acuerdo con datos obtenidos por EL UNIVERSAL.
Los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión tendrán las facultades para presentar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados las propuestas con los nombres de quienes integrarían el nuevo IFE: el presidente del instituto y ocho consejeros electorales.
El documento, entregado a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso y que tiene el aval de las bancadas del PRI, PRD y PAN, explica que la junta de coordinación política de San Lázaro se encargará de revisar los expedientes y elaborar el dictamen para que el pleno haga la votación correspondiente a cada uno de los aspirantes.
Los nuevos consejeros electorales durarán en el cargo nueve años y sus puestos serán renovados de manera escalonada.
“(Se deberá) hacer expresa en la ley la prohibición para que los consejeros electorales y el consejero presidente puedan ser reelectos. Este principio aplicará de manera general”, expone el documento.
Uno de los requisitos para ser candidato a consejero es de no ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral durante los últimos comicios federales ordinarios o extraordinarios, menciona.
La propuesta para la reforma electoral que entrará en el periodo ordinario de sesiones que arranca el primero de septiembre incluye un apartado de posibles castigos para los integrantes del IFE, derivados de su desempeño, y la creación de una contraloría interna que conocerá denuncias y realizará investigaciones.
El contralor será propuesto por los grupos parlamentarios y su elección en el pleno deberá contar con la votación de las dos terceras partes, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. La Contraloría del IFE mantendrá coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
El texto expone en el apartado de las eventuales sanciones a los consejeros:
“Establecer en la ley el procedimiento de sanciones para los consejeros electorales, conforme al establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas y considerando que el órgano facultado para instruir el procedimiento y aplicar la sanción a que haya lugar será por la nueva Contraloría General.
“Elaborar la lista específica de posibles faltas y sanciones. Las resoluciones que emita la Contraloría General del IFE serán impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.
La propuesta menciona también la reestructuración de los órganos internos del instituto. De esa forma, desaparecerían las actuales comisiones permanentes. El consejo general implantará las nuevas con objetivos y plazos, integradas por un número máximo de tres consejeros, “fortaleciendo, en su caso, la participación de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros del Poder Legislativo, conforme a reglas específicas”, especifica.
El consejo general conservará sus facultades para imponer sanciones a los partidos políticos, con base en los resultados de las auditorías, agrega el documento en el apartado referente a las atribuciones del órgano electoral.
El nuevo IFE asumirá, mediante convenios, la organización y el desarrollo de los procesos electorales locales, según el proyecto.
