El documento base sobre el cual los partidos trabajan el anteproyecto para la reforma electoral —que estiman concluir el próximo 29 de agosto, dos días antes del Informe Presidencial— ha dejado al margen consensos de al menos cinco partidos y propuestas de la sociedad civil organizada, señala un documento del Frente Amplio Progresista (FAP).Un análisis de la comisión para la Reforma del Estado del FAP advierte que el texto presentado por Jorge Alcocer, el pasado viernes, ante el grupo de trabajo de Democracia y Sistema Electoral de la Subcomisión Redactora, que encabeza el diputado Diódoro Carrasco, omite consensos clave en la refundación del andamiaje electoral del país.
El tema de la reforma electoral formará parte de la agenda en el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia el 1 de septiembre.
Este análisis del FAP (polo que aglutina al PRD, Convergencia y PT), subraya que Alcocer omitió la sustitución total e inmediata del Consejo General del IFE, la creación de un Instituto Nacional Electoral y la introducción de las figuras del plebiscito, referéndum y el uso de urnas electrónicas y avaló mantener el acceso de partidos a radio y televisión.
El documento del FAP, del que EL UNIVERSAL tiene copia, enumera 29 inconsistencias en el análisis de Alcocer en los rubros de precampañas, campañas, medios de comunicación, imparcialidad de servidores públicos y no injerencia de terceros, financiamiento de partidos, IFE y sistema electoral y 17 aspectos positivos en los mismos temas.
La víspera, en entrevista con este diario, Porfirio Muñoz Ledo —quien junto con Alcocer y Diego Valadés es consejero de la Comisión para la Reforma del Estado del Congreso— advirtió que una reforma apresurada podría propiciar “el aborto” de este proceso.
El análisis del FAP advierte que Alcocer utilizó fuentes extras a las establecidas en la Ley para la Reforma del Estado; “podría pensarse que utilizando su posición como consejero incorporó propuestas que desde su perspectiva individual debían ser tomadas en cuenta”, señala.
Sobre las inconsistencias, el FAP cuestiona la claridad de términos utilizados en el documento presentado el viernes, además censura que se atienda la posibilidad de que los partidos contraten pautas en radio y televisión sin atender la negativa a este rubro de varios partidos y sociedad civil. “Lo que permitiría las tarifas discrecionales generando un trato inequitativo de los concesionarios a los partidos. Esto contradice la propuesta presentada por el FAP y el Comité Conciudadano en cuanto a la prohibición absoluta del uso comercial de radio y televisión para fines políticos y electorales.
“Además, esta propuesta favorece la opacidad preponderante en la relación entre partidos políticos y medios de comunicación, basta mencionar los 280 mil spots de los que aún no se conocen los responsables de su contratación”, dice.
El texto agrega: “No establece el origen del financiamiento para las precampañas... La duración de las precampañas presidenciales y para diputados y senadores es excesiva, ya que establece 60 días naturales para las primeras y 30 para las segundas. El tiempo debería ser menor, dado que el universo de electores a los que están dirigidas es radicalmente menor al de ciudadanos”.
Sobre imparcialidad de servidores públicos y no injerencia de otros actores agrega que la propuesta de Alcocer solamente establece la participación de terceros en los medios de comunicación, sin aclarar la posibilidad de injerencia en otros ámbitos del proceso electoral.
A pesar de que PAN, PRI, PRD, Convergencia y PVEM propusieron la prohibición de la publicidad gubernamental durante las campañas, el documento de Alcocer no retoma estas propuestas. Tampoco la propuesta de los partidos PRI, PRD y PVEM de prohibir el uso electoral de programas sociales, señala. El análisis del FAP hace notar que PRI, PRD, Convergencia, PT y PVEM, además del Comité Conciudadano, propusieron la unificación del IFE y los institutos estatales en un nuevo Instituto Nacional Electoral pero que arbitrariamente no se incorporó.
