El presidente Bush se reunirá con el presidente mexicano Felipe Calderón y el primer ministro canadiense Stephen Harper el 20 y 21 de agosto en Montebello, Quebec. El comunicado de prensa de la Casa Blanca sobre el encuentro es escueto: “Los líderes revisarán los avances y la continuidad de la colaboración bajo los términos de la Asociación por la Seguridad y la Prosperidad, además de discutir asuntos hemisféricos y globales”.
Los medios, empero, han publicado información de que el presidente Bush anunciará un programa de cooperación para el combate al narcotráfico con México bastante sustancial. Y al decir “sustancial” la prensa habla de cientos de millones de dólares en tecnología, capacitación y equipo.
Una cooperación a esta escala será más notoria que programas anteriores. Como los presidentes Calderón y Bush enfrentan legislaturas con mayorías opositoras, podemos esperar que en los dos países surjan debates sobre asuntos delicados. Espero que los debates sean sustanciales y constructivos y produzcan soluciones viables.
Un asunto delicado en Estados Unidos se relaciona con los programas de capacitación para policías y ejércitos extranjeros. La gente aún recuerda los abusos contra los derechos humanos perpetrados en los años 70 por fuerzas policiacas que habían sido entrenadas por la Agencia para el Desarrollo Internacional. Durante muchos años después de eso, se prohibió a la AID participar en los programas de capacitación policiaca. En adelante, los programas fueron administrados en forma conjunta por los departamentos de Estado y de Justicia.
En el contexto actual, en el que muchos demócratas sienten una profunda desconfianza por la administración Bush en general y por el procurador de Justicia Alberto Gonzales en particular, uno puede esperar que un programa de capacitación importante será minuciosamente analizado. Lo interesante aquí es: ¿qué mecanismos de control y supervisión del uso del equipo y la tecnología pueden satisfacer al Congreso sin ofender la soberanía mexicana?
Otro asunto son las operaciones de vigilancia de varias formas de comunicación. Después de una negociación complicada, el Congreso estadounidense extendió la semana pasada la autorización para llevar a cabo actividades de vigilancia otros 180 días, pero varios demócratas siguen insatisfechos por la vulnerabilidad en que queda el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Al tiempo que los gobiernos estadounidense y mexicano adquieren nuevas capacidades para monitorear las comunicaciones, y al tiempo que la información de inteligencia reunida es compartida entre ellos, los derechos legítimos de los ciudadanos requerirán de una protección vigorosa. Por sí solas, las complejidades de la frontera, con cerca de 14 millones de residentes estrechamente interrelacionados, representarán un reto formidable.
En México, miembros del Congreso ya han hablado sobre la necesidad de que una mayor cooperación deba pasar por su aprobación. La opinión pública también jugará un papel importante para dar forma al tono y los parámetros del debate. El excelente informe del CIDE y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, México y el mundo 2006 (disponible en www.consejomexicano.org) aporta ideas útiles.
Los mexicanos califican el tráfico de drogas como la amenaza más grave para su país y lo colocan entre los tres objetivos más importantes de política exterior. También existe una disposición pragmática a cooperar con Estados Unidos en el combate al crimen organizado. Me sorprendió leer que las actitudes favorables hacia Estados Unidos de hecho se han incrementado desde la encuesta de 2004. Al mismo tiempo, sin embargo, los mexicanos expresaron una continua y fuerte desconfianza hacia Estados Unidos, incluso más que en 2004. Y una encuesta entre líderes de opinión mostró la fuerte oposición de raíz nacionalista a aceptar la presencia de agentes estadounidenses en México para combatir el terrorismo.
Por lo tanto, la cuestión interesante de esto es: ¿qué mecanismos de cooperación pueden establecerse que permitan una capacitación efectiva y la entrega de tecnología, ajustándose a las nociones aceptables de soberanía nacional?
Un tema central en cuanto a la cooperación contra el crimen organizado tiene que ver con el Ejército y la policía federal mexicanas. Los últimos mandatarios de México han dependido cada vez más del Ejército para tareas de aplicación de la ley a nivel interno, y el presidente Calderón aumentó significativamente la participación del Ejército al enviar a miles de militares a regiones afectadas por la violencia entre pandillas.
Tengo la impresión de que el Ejército lleva en sus espaldas una carga muy pesada, mientras que los avances en el proyecto de modernización de la policía federal parecen inciertos. Me sorprendió leer en Milenio (15 de julio de 2007), que desde 1999 la Sedena envió 4 mil 981 soldados a la Policía Federal Preventiva y, de éstos, 4 mil 873 desertaron. Igualmente sorprendente, la agencia de noticias EFE reportó el 23 de julio que 123 mil soldados desertaron del Ejército mexicano entre los años 2000 y 2006. ¿Son correctos estos informes? ¿Existe un significado legal o técnico de “desertar”, reportarse tarde a sus actividades, por ejemplo, o los soldados abandonaron el servicio?
En el pasado, la cooperación bilateral en temas de seguridad se manejaba comúnmente con discreción. No obstante, un programa de alto perfil, con un costo de cientos de millones de dólares, necesariamente generaría debates en torno a temas como derechos civiles y humanos, así como una supervisión del programa en Estados Unidos. En México los aspectos a debatir incluirían la naturaleza precisa de la participación estadounidense en capacitación y tecnología, así como garantías para la soberanía y la protección de los derechos civiles.
Necesariamente, en el centro del debate se encontrará el Ejército y el sistema general de justicia y aplicación de la ley. Una pregunta probable sería: ¿cuándo podría darse la transición para que el Ejército mexicano deje las tareas de aplicación de la ley en la medida que la policía federal es entrenada para asumir la principal responsabilidad?
Podrían ser debates difíciles y delicados, pero mi esperanza es que también sean sustanciales y constructivos.
* Director del Proyecto México en la Universidad de Georgetown
