Funcionarios de México y Colombia, así como periodistas y editores de ambos países, coincidieron en la necesidad de garantizar la libertad de expresión frente al crimen organizado, que a través de la intimidación o las agresiones, vulnera el derecho de la sociedad de ser informada, al pretender impedir la denuncia de sus actividades y redes de complicidades; además de que se requiere reducir los niveles de impunidad en los atentados contra este gremio, que en su mayoría quedan sin castigo.Al respecto, Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que como una estrategia del gobierno federal se fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) a la que se dotará de más Ministerios Públicos y de policías investigadores.
Afirmó que “la labor de los comunicadores es fundamental para el Estado en la lucha contra el crimen organizado”.
Por eso, Medina Mora indicó que también se debe revisar el marco jurídico y analizar si los delitos contra periodistas deben “federalizarse”, para que sean investigados directamente por la PGR; además de que los medios de comunicación deben adoptar estrategias de autodefensa, como no firmar una nota, “para que pueda existir una cierta barrera entre quienes realizan las investigaciones y los delincuentes”.
Por su parte, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, advirtió que los sicarios que estaban al servicio de los cárteles de la droga, ahora son los nuevos los líderes del narcotráfico, por lo que su actuación es en extremo violenta con el fin de mantener el control de sus territorios.
En este sentido, el Presidente y Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Ortiz, advirtió que en los últimos años, las operaciones del crimen organizado y la violencia que emplea, ha impactado en el ejercicio periodístico, no sólo por los crecientes atentados contra periodistas, también ha conducido a la autocensura en los medios de comunicación, y es necesario revertir esta tendencia.
Al inaugurar el Encuentro de Periodistas y Autoridades México-Colombia, auspiciado por EL UNIVERSAL, la Fundación Soros y la Sociedad Interamericana de Prensa, Ealy Ortiz expuso que “los violentos han logrado no tener rostro, ni nacionalidad, mucho menos reconocer límites que contengan al crimen organizado, de ahí que resulte imperioso que las sociedades afectadas sean también capaces de unir esfuerzos para enfrentar este enorme desafío que nos amenaza a todos, que busca aislarnos unos de otros e imponernos a todos el silencio en forma de muerte, de captación, de miedo, de autocensura o peor, en forma de apatía”.
En este encuentro estuvo presente Óscar A. Naranjo, jefe de la Policía Nacional de Colombia, quien coincidió con los funcionarios mexicanos en que los medios de comunicación son claves en la lucha contra la delincuencia, por su papel de denunciantes, y por esta vía ha habido momentos en los que han sustituido al Estado, al controlar las operaciones de estos grupos criminales.
Aunque en esta tarea, los riesgos son diversos para los periodistas, reconoció por su parte Rafael Pardo Rueda, senador colombiano y ex ministro de Defensa que combatió al cártel de Medellín, quien agregó que estas organizaciones criminales alcanzan un gran poder —como ocurrió en su país—, no sólo al corromper a los cuerpos de Policía, sino también al invadir esferas como la política, extendiendo su red de complicidades.
Estos temas fueron analizados por editores del país asistentes como Miguel Valladares, de El Pulso de San Luis; Gonzalo Leaño de Ocho Columnas; Oswaldo Rodríguez de El Diario de Juárez; David Solórzano de El Informador de Oaxaca y Luis García de la Cruz, de Avance de Tabasco.
También participaron Gerardo Galarza, de Excélsior; Julián Andrade de Milenio Diario; Miguel Medina de La Voz de Michoacán; José Isabel Ramos de El Debate de Sinaloa; Andrés García Gamboa, de Novedades de Quintana Roo.
Los editores del país, funcionarios de medios escritos y electrónicos, corresponsales nacionales y periodistas colombianos como María Jimena Duzán, Daniel Coronell e Ignacio Gómez —quienes tuvieron que salir de su país por seguridad o cuentan con protección especial—, lamentaron que un factor común entre México y Colombia, sea la impunidad en los delitos cometidos contra comunicadores, sin que se detenga a los autores materiales o intelectuales.
Ignacio Gómez, quien ha sido amenazado por el crimen organizado de su país, indicó que es necesario que el gremio tome medidas de autoprotección, para evitar riesgos o ser “blanco” del crimen organizado, ya que “en una ciudad pequeña basta con asesinar a un periodista para callar a todos, y se pierde el derecho de la sociedad a estar informada”.
Aunque su colega Daniel Coronell insistió en que la impunidad, la falta de castigo contra quienes atentan contra los periodistas, en un incentivo para que las agresiones se repitan, y ninguna medida de autodefensa que adopten los comunicadores, por extremas que sean —como contar con escoltas o viajar en vehículos blindados—, “ninguna de ellas puede sustituir la obligación del Estado de prevenir, combatir y castigar los delitos contra comunicadores”.
Frente a este escenario, la periodista y escritora María Jimena Duzán, quien al igual que sus compañeros resistió los embates y amenazas de capos como el ex líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, reiteró que los comunicadores no deben olvidar que “el periodismo es un ejercicio independiente del poder” y hay que defender ese derecho.
